La atención integral a las personas mayores más vulnerables en Andalucía
20/01/2016
La Junta de Andalucía dispone de un total de 42 440 plazas concertadas en residencias y centros de día de la comunidad autónoma, de las cuales más de 27 850 están destinadas a personas mayores. Además, más de 48 000 andaluces reciben el servicio de ayuda a domicilio, lo que representa el 33 % del total nacional y 69 500 son usuarias del servicio de teleasistencia la mitad del conjunto del estado.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, Andalucía cuenta con
233 993 prestaciones concedidas para 179 590 personas, el 23,5 %
de las personas beneficiarias en el conjunto de España. Para mantener y acoger
a nuevas personas en el sistema, en los presupuestos andaluces de 2016 se van a
destinar 1 160 millones de euros para el desarrollo de la citada Ley, (el
Gobierno central va a destinar 1 262 millones para toda España). De ese
dinero, el 53,8 % irá a financiar recursos gestionados por ayuntamientos y
diputaciones.
En 2015 la Junta ha destinado 1 000 millones de euros a dependencia, de los cuales 327 corresponden a prestaciones económicas, más de 317 millones a atención residencial y unidades de día del tercer sector y un total de 252 millones a ayuntamientos que gestionan el servicio de ayuda a domicilio (196,4 millones), atención en residencias geriátricas (45,4 millones) y el personal de refuerzo en los servicios sociales comunitarios para atención a la dependencia (10,2 millones). Según la Junta de Andalucía, esta financia el 78 % de la inversión en dependencia, aunque el compromiso sea de cofinanciación al 50 % con la administración central.
También el Consejo de Gobierno acordó recientemente proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, y también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas.
Mientras se materializa este Pacto de Estado, la Junta de Andalucía ha planteado al Gobierno adoptar medidas urgentes que eviten el deterioro del sistema, entre ellas, que la administración central vuelva a financiar el 50 % del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor y reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales suprimida por un real decreto en el año 2012.
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