El problema, según la gerencia de las residencias, es que a pesar de que la demanda es alta, no se cubren todas las plazas debido a la lenta tramitación de os expedientes por parte de la administración autonómica, a pesar de que según la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales asegura que no hay lista de espera pues la resolución de la prestación es simultánea a la asignación de la plaza.
En Cádiz, la capital es la que cuenta con menor disponibilidad, en la que más de un centenar de ancianos se han trasladado a una localidad más pequeña por falta de plazas. Otras grandes localidades de la provincia presentan problemas similares, así, Jerez tiene prácticamente ocupadas la totalidad de las 355 plazas públicas y concertadas, igual que ocurre con las 200 de Chiclana y las de El Puerto.
Los recortes y paralización en la aplicación de la Ley de Dependencia ha forzado, según algunos de los responsables, el cierre de centros como Alvernia en la capital y ha frustrado proyectos de ampliación en localidades vecinas.
Otro efecto de los recortes es que, además de no concertar nuevas plazas, también se ha reducido el precio que la administración paga por cada una de ellas. En marzo de publicó una orden que rebaja cerca de un euro de media los precios máximos que se paga a residencias y centros de día por los servicios concertados. Según la Consejería, este recorte es para garantizar la sostenibilidad de los servicios y el reparto de los recursos, de esta manera, la plaza en residencia para personas dependientes por la que la Junta abonaba en 2012 un total de 50,20 euros día, pasará a costar 49,57 euros, otro ejemplo es la rebaja de 1 044,40 euros al mes para una unidad de estancias diurna para una persona con discapacidad graves a 1 042,68 euros.