ABSUELTA DE MALTRATO: LA SALVARON LOS PROPIOS RESIDENTES

Que una inspección de servicios sociales detecte en una residencia algún incumplimiento de la normativa es algo que sucede.  El incumplimiento puede no tener una repercusión directa en la calidad de vida de los residentes (algún aspecto burocrático o desperfecto sin consecuencias), a veces sí consideran que tiene repercusión y se llega a abrir un expediente sancionador.  Tiene que ser muy grave lo que encuentra el inspector para que, en vez de actuar directamente, decida comunicar los echos a la Fiscalía y que sea ésta la que inicie un procedimiento penal.   Una noticia procedente de Sevilla nos indica que a veces el celo es totalmente excesivo.

Los hechos son:  En una vivienda la inspección detectó que funcionaba una residencia que presentaba "deficiencias estructurales y materiales".  La inspección lo comunicó a la Fiscalía y ésta consideró que lo que se estaba produciendo era un delito de maltrato contra la integridad moral de los 23 residentes del centro.  Por eso el Fiscal pidió 23 penas de 9 meses.

Ahora el juzgado absuelve a la dueña y se basa en lo que han declarado los residentes "todos manifestaron que "se encontraban correctamente atendidos y que, dada las circunstancias de edad comunes a todos ellos, su evolución física era positiva en general".

Que una residencia funcione sin autorización administrativa es algo irregular que debe ser detectado y sancionado por parte de la administración.  Imputar un delito es algo que va mucho más allá y debería ser administrado con mucha cautela.  Esto es especialmente así cuando sabemos que cualquier imputación contra un director o propietario de residencia tiene siempre mucha repercusión mediática.

En este caso, que hemos leído en Diario de Sevilla, leemos entre líneas una reprimenda por parte del juzgado al Fiscal.