En Noviembre pasado nos hicimos eco de una peculiaridad del sector de las residencias en Aragón consistente en que existe un grupo de las mismas, que nadie sabe exactamente a cuántas afecta, que tienen una autorización provisional pero no la definitiva.
La cuestión ha llegado al Parlamento Aragonés en el que La portavoz del PP, Rosa Plantagenet, aseguró que hay un 72 por ciento de las residencias de personas mayores, tanto públicas como privadas están en "situación irregular" porque "carecen de los permisos definitivos" a pesar de que Aragón gestiona la competencia en servicios sociales desde hace casi doce años, "la primera que se gestionó". El PP pide un procedimiento administrativo de urgencia para que en seis meses todas las residencias de ancianos de la comunidad autónoma que cumplieran con la normativa exigible pudieran alcanzar la regularización administrativa.
La respuesta del PSOE, en el gobierno consideró "simplista" la propuesta del PP puesto que propone "regularizar porque sí", cuando "las mayores demoras" para obtener las licencias definitivas son fruto de que "los centros deben subsanar deficiencias" por lo que "limitar el tiempo a seis meses suena a cierta irresponsabilidad".