Las deficiencias detectadas por los inspectores del Gobierno de Aragón han sido, sobre todo, las que afectan a los planes de prevención de incendios y a la organización del funcionamiento del centro y en ningún caso los problemas detectados han motivado una acción inmediata de cierre por parte del Ejecutivo, que habilitó en su momento un proceso extraordinario fijado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a través de una orden de regularización, por la que en el plazo de un mes se debía presentar un plan operativo para subsanar sus deficiencias.
De los 27 centros requeridos restantes, 7 son de día y otros 7 sonresidencias que han cerrado sus puertas por iniciativa propia desde el verano pasado, al no poder afrontar los requerimientos exigidos. 13 residencias no han presentado su proyecto por lo que, según se fijaba la orden, se les abrirá un expediente sancionador con la consiguiente multa económica —que puede ser de 30 000 euros en caso de falta grave y de 40 000 en falta muy grave— y otro de cierre. Los centros afectados pueden recurrir esta decisión, que se ejecutará una vez resueltas las posibles reclamaciones por vía administrativa y judicial.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, durante el proceso de inspección, ha estado en contacto permanente con las tres asociaciones que agrupan a la mayoría de los centros de mayores privados que funcionan en Aragón. Además de contar con la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se ubican la mayor parte de los centros.
Es de vital importancia que las administraciones estén vigilantes y establezcan los criterios que deben cumplir las residencias para mayores y los estándares de calidad que deben cumplirse, eso va en beneficio, sobre todo, de las personas atendidas y, en segundo lugar, de quienes cumplen los requisitos y ofrecen los mejores servicios.
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