29/02/2016

18 residencias de mayores de Aragón regulan su situación administrativa

Tras el incendio de la residencia de mayores Santa Fe de Zaragoza, el Gobierno de Aragón inició un plan de inspecciones que desveló que 45 de estos establecimientos o no tenían licencia municipal o no cumplían los requisitos exigidos por la administración autonómica o ambas cosas: 28 no contaban con licencia municipal, aunque cumplían con los requisitos del Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, 5 ni tenían licencia ni pasaron la inspección del Ejecutivo autonómico y otros 12 que tenían licencia no presentaban las condiciones requeridas.

Las deficiencias detectadas por los inspectores del Gobierno de Aragón han sido, sobre todo, las que afectan a los planes de prevención de incendios y a la organización del Aragón inspecciona sus residencias geriátricasfuncionamiento del centro y en ningún caso los problemas detectados han motivado una acción inmediata de cierre por parte del Ejecutivo, que habilitó en su momento un proceso extraordinario fijado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a través de una orden de regularización, por la que en el plazo de un mes se debía presentar un plan operativo para subsanar sus deficiencias.

18 residencias privadas se han acogido a la orden de regularización de la situación administrativa, todas han presentado sus propuestas, y ahora, el Departamento tiene que aprobar el plan, comprobar que se han realizado los cambios en el tiempo estipulado y, si así se ha procedido, concederá la autorización correspondiente para que el centro siga funcionando.

De los 27 centros requeridos restantes, 7 son de día y otros 7 sonresidencias que han cerrado sus puertas por iniciativa propia desde el verano pasado, al no poder afrontar los requerimientos exigidos. 13 residencias no han presentado su proyecto por lo que, según se fijaba la orden, se les abrirá un expediente sancionador con la consiguiente multa económica —que puede ser de 30 000 euros en caso de falta grave y de 40 000 en falta muy grave— y otro de cierre. Los centros afectados pueden recurrir esta decisión, que se ejecutará una vez resueltas las posibles reclamaciones por vía administrativa y judicial.

Las 13 residencias citadas gestionan alrededor de 160 plazas y, aunque no hay situaciones que puedan alarmar y llevar a un cierre inmediato, dos de ellas ya tienen propuestas firmes de clausura por parte de la Administración.

La prioridad del Gobierno es que a final de año todos los centros de la comunidad tengan la autorización porque cumplen con los criterios de calidad y seguridad requeridos, evitando en la medida de lo posible el cierre de residencias y la pérdida de puestos de trabajo. En el caso de cierre de centros, el Departamento se compromete a buscar una alternativa a los residentes.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, durante el proceso de inspección, ha estado en contacto permanente con las tres asociaciones que agrupan a la mayoría de los centros de mayores privados que funcionan en Aragón. Además de contar con la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se ubican la mayor parte de los centros.

En Aragón hay 230 residencias autorizadas, además de los 45 centros antes mencionados.

Es de vital importancia que las administraciones estén vigilantes y establezcan los criterios que deben cumplir las residencias para mayores y los estándares de calidad que deben cumplirse, eso va en beneficio, sobre todo, de las personas atendidas y, en segundo lugar, de quienes cumplen los requisitos y ofrecen los mejores servicios.

 

Enlaces de interés

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