ASTURIAS PLANEA CERRAR TRES RESDENCIAS PRIVADAS

Cuando se habla del número de nuevas residencias que se necesitan para dar resupesta a las necesdiades que plantea la Ley de Dependencia se suele olvidar que hay unas cuantas de las existentes que tendrán serios problemas para poder cumplir los requisitos de acreditación que se irán planteando y, unas pocas más que, incluso pueden tener problemas para cumplir con las normas que hoy son de aplicación, quizás porque abrieron en otras circunstancias y no han sido inspeccionadas adecuadamente hasta ahora.

De estas últimas trata una noticia que enontramos en el Comercio Digital según la cual Tres geriátricos privados están en el punto de mira del servicio de inspección del Principado. Del mismo que firmó, en 2008, el cierre de trece centros. De esa cifra global, once expedientes concluyeron como cese voluntario de la actividad, pero dos fueron instados de forma judicial. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de quien dependen este órgano inspector, estudia ahora sumar a ese grupo de clausura forzosa a otros tres establecimientos, en un listado en el que podrían figurar hasta 27 empresas a las que la Administración regional abrió, durante el año pasado, algún tipo de expediente sancionador.

Sorprende de la noticia que, desde la inspección se destaque que las residencias están obligadas a comunicar sus precios a la administración so pena de multa de 3.000 Euros y que, desde la administración digan que los precios privados, tenderán a parecerse al precio público de este año que es de 1.229€.

La verdad es que hablar de acreditación, calidad, profesionalidad de la atención y de 1.229€ al mes parece un claro contrasentido.