El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León se ha mostrado alarmado y muy contundente en contra de esta decisión y acusa a la gerencia de Servicios Sociales de actuar en contra de los intereses y la salud de las personas mayores para favorecer los intereses de la patronal de las residencias que buscan reducir costes.
El Decreto al que sustituye, de 2001 fijaba las ratios de médicos,
enfermeros y fisioterapeutas. Estos últimos, aunque en número escaso, han sido
eliminados como personal obligatorio.
Uno de las consecuencias que consideran que acarreará esta decisión es que se disparará la demanda de rehabilitación en el Sacyl, al no haberla en las residencias geriátricas, demanda que no podrá ser atendida pues este organismo está ya saturado y además una ambulancia tendrá que a las personas que precisen el tratamiento, ejemplo si se rompe una cadera, desde la residencia al servicio público para que le atiendan allí, por lo que el gasto que se ahorra la residencia en personal lo paga la administración y lo que es pero, trasladar a la persona con la consiguiente pérdida de tiempo y riegos añadidos, cuando la rehabilitación se puede hacer en el propio lugar de residencia.
El Colegio han solicitado una reunión con la Consejería de Familia e Igualdad para tratar este asunto que consideran es de gran gravedad, pues al reducir los costes reduciendo ratio de profesionales y figuras especialistas profesionales se pone en juego la calidad de la atención, pues el auxiliar deberá asumir funciones propias de los profesionales sanitarios.
En Castilla y León hay unos 670 centros de atención a personas mayores, de los cuales 435 de ellos privados.
La figura del fisioterapeuta es clave para recuperar o mantener la funcionalidad, que no se considere dentro del personal obligatorio en las residencias para mayores resulta sorprendente, pues son personas que en un altísimo porcentaje presentan situación de dependencia y problemas graves de movilidad. Esperamos que se reconduzca la situación en breve.
De interés para residencias de tercera edad en Valladolid y en otras provincias de Castilla y León.