SATSE denuncia que hay camas si ocupar en las residencias geriátricas públicas de Castilla y León

Castilla y León es uno de los más envejecidos de Europa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios (el 25 % de su población supera los 65 años y el 9,5 % los 80 años). Sin embargo, la oferta de plazas residenciales para personas mayores no cubre la demanda, cuando, según el Sindicato de Enfermería, SATSE, hay un considerable número de camas que no se ofertan.

Según este sindicato, en residencias de ancianos públicas en Castilla y León hay más de 400 camas que que no se ofertan desde hace años con la consecuente necesidad de derivación de las personas dependientes a residencias privadas. Este hecho se une a la denuncia mediante una carta al vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León de la decisión de la Consejería de Familia de continuar con la tramitación del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de personas mayores de Castilla y León.

En la carta, SATSE le pide a la Consejería de Transparencia una investigación de la motivación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la publicación del nuevo Decreto de Residencias, dado el beneficio económico que supone a las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a los mayores y del coste que deberá asumir el Servicio público de Salud de Castilla y León.

SATSE denuncia que desde la Consejería de Familia se continúa con la tramitación de la modificación de dicho Decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba el Decreto que publicó la Junta en el 2017 y que este nuevo Decreto se pretende volver a publicar sin modificaciones la eliminación de la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León. Esto significa que a partir de 2024 solo contarán con enfermera (una a media jornada de lunes a viernes) las residencias con más de 100 residentes, cuando la anterior normativa establecía 1 enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios o 20 enfermeras por cada 300).

La Consejería de Familia lo justifica el cambio en su intención de implantar el modelo «mi casa». Pero Satse denuncia que no se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los mayores residentes en estos centros son personas dependientes.

Según SATSE, no se ha evaluado desde Familia y junto a la Consejería de Sanidad el impacto económico del coste en recursos humanos para Sacyl que tendrá el nuevo modelo asistencial que introduce el Decreto, ya que al eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, la asistencia y cuidados de estos deberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio autonómico de Salud.

SATSE denuncia también que en el momento actual, con aproximadamente una dotación de 2500 camas en residencias públicas, hay más de 400 camas que llevan años sin ser cubiertas. Así, en la residencia de Palencia se disponía de una capacidad para 260 residentes y actualmente solo dispone de 125 plazas; la residencia Mixta de Parquesol, de las 225 camas de las que dispone, 90 permanecen sin cubrir desde su creación hace aproximadamente 25 años; la residencia de Áviladispone de 102 camas sin ocupar; 109 en la residencia de León… De esta manera, aumentan los conciertos con las residencias privadas mientras que los mayores deben esperar meses e incluso años para acceder a una plaza en una residencia pública.