02/01/2009

LA SANGRÍA DE LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS

LA SANGRÍA DE LAS RESIDENCIAS GERIÁTRICAS PÚBLICAS

 

Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que existan plazas residenciales en residencia geriátricas de calidad para personas dependientes lo que puede ser cuestionado es el modelo de gestión de las residencias en las que vivirán los beneficiarios de servicios y prestaciones públicas.

En un principio se optó por construir y gestionar directamente las residencias de personas mayores  desde las propias administraciones. Con el tiempo los gobernantes han ido optando por modelos que hacen participar la iniciativa privada (gestión privada de residencias públicas, concierto, cheques..). El problema es que, cada vez que se opta por esos modelos alguien se queja de la "privatización" incidiendo en que cuando ésta se produce se rebaja la calidad y las condiciones laborales de los trabajadores.

Desde Inforesidencias.com siempre hemos defendido que alguien con una autoridad técnica y moral indiscutible debería hacer un estudio comparando el coste y el resultado de los servicios prestados en las diferentes modalidades de forma que pudíeramos saber qué cuesta cada modelo y si existen justificaciones para las diferencias.

Hasta que este estudio se produzca sólo podemos tener indicios parciales que nos permitan adivinar por dónde van las cosas.

En el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 vemos que la Diputación de esa provincia se gasta una cuarta parte de su presupuesto en servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias.

Las cinco residencias de ancianos dependientes de la Diputación Provincial de Soria siguen siendo el gran 'lastre' de las cuentas del organismo provincial. La gestión y mantenimiento (incluido el personal) de los centros de mayores de Ágreda, El Royo, El Burgo de Osma y Navaleno se 'comen' más del 25% (exactamente el 25,29%) del presupuesto de la Diputación para 2009.
De los 66,9 millones de euros previstos para el próximo ejercicio, 16,8 millones irán directamente a las residencias de ancianos: 8,3 millones para personal y 8,5 millones para gastos directos de mantenimiento.
Los datos suponen un recorte importante respecto de 2008, cuando la Diputación gestionaba seis centros de mayores en la provincia. El cambio de titularidad de Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz, que ha pasado a manos de la Junta de Castilla y León, ha permitido liberar al organismo provincial de 4,8 millones de euros, ya que en 2008 el gasto destinado a residencias superaba los 22 millones de euros.
A pesar de ello, es preciso puntualizar que este centro era el único que no representaba pérdidas para la Diputación el año pasado, ya que la Junta asumía el coste de mantenimiento de la residencia a través de una ayuda directa al organismo provincial.
Teniendo en cuenta que 25 de cada 100 euros de la Diputación van directamente a residencias sin posibilidad de negociación alguna, es evidente que la partida destinada a este fin representa un importante 'lastre' para la Corporación, que ve claramente limitados sus proyectos e inversiones por esta situación. Además, esta problemática representa el tendón de Aquiles al que siempre acude la oposición para reclamar al organismo una gestión más dinámica.

De las cinco residencias que gestiona la Diputación, la de San José, en El Burgo de Osma, es sin duda la más deficitaria. Se come el 8,8% del presupuesto total de la Diputación, casi seis millones de euros (5.910.000 euros). De éstos, 2,9 son gastos de mantenimiento y tres millones son gastos de personal, con 84 empleados.

Si sacamos la calculadora veremos que cada una de las 350 plazas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de la residencia San José tiene un coste mensual de casi 3.000 Euros.

Pongamos que, en vez de optar por la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos mas de una y más de dos empresas dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se llegaría a las 777.

¿Hay algún motivo que haga más conveniente el sistema de gestión pública a pesar del mayor coste? Nadie debería decir sí o no sin pruebas. ¿NO sería ya el momento de buscarlas?

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