La Plataforma Social de Valladolid y el sindicato Satse piden la reforma del Decreto que regula las residencias y centros de mayores

El Tribunal Supremo ha conformado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia  de Castilla y León que anulaba el Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León. Este decreto fue denunciado por el Sindicato de Enfemería Satse.

El sindicato impugnó este decreto porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al de 2001, ya que despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar. Además, dicho Decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobarlo no hubo el estudio económico exigido legalmente.

En su conjunto,el decreto anulado suponía un recorte considerable en las prestaciones, pues eliminaba la obligación de que las residencias cuenten con un fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales, psicólogos, además de reducir de manera significativa el número de personal sanitario. De hecho, se dejaba a la voluntad de las empresas fijar el número de trabajadores de cada centro. así como la reducción de forma muy significativa del personal sanitario. Esto lleva aparejado un recorte del dinero que se adjudica para estos servicios.

Ante esta situación, la Plataforma Social de Valladolid exige a la Junta de Castilla y Leo?n que modifique de manera profunda y no solo cosmética el Decreto de funcionamiento de las residencias y centros de día de personas mayores. Según la Plataforma, mantener el decreto en su esencia y solo hacer modificaciones de forma, solo beneficia a los propietarios de las residencias, no a las personas usuarias, por lo que pide al nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos que anteponga los intereses de las personas mayores a los de las empresas.

La Plataforma Social asegura que con el decreto anulado o con las modificaciones previstas por la Junta no se pueden garantizar las prestaciones del programa «En mi casa». Este programa se pretende implantar en todas las residencias de la Comunidad. Con los recortes de personal y presupuestarios, está en peligro incluso en los centros residenciales en los que está ya en marcha.

Por su parte, Satse denuncia que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades insisteen seguir adelante con esta normativa reguladora de la autorización y funcionamiento de estos centros, que perjudicará notablemente la atención que se presta a los usuarios. Un ejemplo es que se sigue la normativa de 2001 en la que el número de profesionales se basa en el número de residentes y no en su grado de dependencia o enfermedad. También se eliminan las camas de la unidades de convalecencia para pacientes agudos.

La intención de la Consejería de Familia es seguir hasta 2022 con una ratio de una enfermera por cada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media por cada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro). Situación precaria a todas loces.

Antes de este Decreto de 2017, ahora anulado, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una enfermera a jornada completa por 15 usuarios.