03/11/2005

CATALUÑA AVANZA LO QUE SUPONDRA SU NUEVA LEY DE SERV. SOC.

CATALUÑA: INFORMACIONES SOBRE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

 

Durante el último mes han aparecido diversas noticias relacionadas directa o indirectamente con la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales de Cataluñá. Una ley que regulará, en parte de dependencia y que, quizá se promulgue simultáneamente con la ley estatal.

La consellera Anna Simó ha dicho que con la nueva Ley, todos los ciudadanos tendrán acceso a un centenar de prestaciones, con independencia de su renta, como la teleasitencia, la atención domiciliaria y la residencial. También (según aparece en Actualidad.Terra) que se creará una figura profesional que orientará y asesorará a los ciudadanos (¿no era eso lo que hacían los profesionales del trabajo social?).

El sistema universalizará el derecho a los servicios sociales permitiendo que las clases medias queden integradas en un sistema que hasta ahora no les cubre en algunos casos.

Los servicios que se consideren básicos serán gratuitos y los especializados estarán sujeotos a un copago por parte de los usuarios con una novedad: los familiares directos ya no estarán obligados a aportar una parte del coste como hasta ahora en Cataluña. Así lo ha explicado la edición digital de ABC: "La Generalitat sólo tendrá en cuenta los ingresos de los ancianos, y no los de su familia, para que puedan acceder a una residencia pública. Esta es una de las principales novedades que incluye el borrador de anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales que presentó ayer la consellera de Bienestar y Familia, Anna Simó, junto con el director general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y uno de los expertos que participa en su redacción, Ramon Nicolau.

Hasta el momento, el Govern fijaba el acceso del anciano a una residencia pública en función de su renta y de la de los miembros de su familia, sobre todo los hijos. Ahora, con el nuevo borrador de ley se quiere garantizar el acceso de las personas con menor poder adquisitivo. «La estructura de familia ha cambiado drásticamente y los hijos ya no pueden asumir esta responsabilidad», aseguró Ramon Nicolau".

El hecho de que los familiares directos (básicamente, hijos) aporten una parte del precio público de la estancia de sus padres en una residencia, calculando esa cantidad según unas tablas que tienen en cuenta su situación personal, nos parece una buena idea que puede aportar equidad al modelo y que, sin duda, debería ser incorporado en la futura Ley de la Dependencia. Por eso, el hecho de que, en Cataluñá, donde funciona desde hace unos años, se pretenda hacer desaparecer la coparticipación de los hijos sólo puede considerarse algo inadecuado.

Quizás la coparticipación de los hijos en el pago de la residencia ha funcinoado mal en Cataluña pero no porque la idea sea mala sino por los siguientes motivos:

- Una ineficaz colaboración entre administraciones hace que un hijo pueda negarse a aportar sus datos fiscales a la administración y que la Generalitat pueda comprobar la veracidad de los datos aportados. Esto genera casos en los que la injusticia es manifiesta (hijos que no pagan nada porque no aportaron sus datos en el expediente). Esto podría solucionarse con la incorporación en una norma con rango de Ley de una obligación de los hijos a participar en el mantenimiento de los padres cuando estos reciben servicios sociales públicos (obligación recíproca fundamentada en el Derecho/obligación de alimentos entre parientes que perdería su carácter personalísimo). Esto podría comportar una reforma del Código Civil y una inclusión específica en la Ley de Dependencia. Una vez hecho, la posibilidad de cruzar datos de la Agencia Tributaria para el cálculuo de los pagos sería mucho más fácil.

- Una infecicaz gestión administrativa hace que los hijos que tienen la obligación de pagar y no lo hacen no tengan consecuencia alguna. En Cataluña hoy, cuando una residencia privada colaboradora tiene un usuario acogido al programa de acogimimento público (algo parecido al cheque residencia) y el familiar se niega a pagar la parte que le corresponde según lo establecido por la Generalitat, la residencia se ve totalmente desprotegida y abocada a intentar que la Generalitat recalcule las aportaciones. Esto podría solucionarse si el sistema se cambiase y el hijo y el propio residente no tuviesen que pagar a la residencia directamente sino a la Administración. Desde el momento en que la deuda se tuviese con la administración, el sistema de cobro sería mucho más eficaz. Para que este sistema fuese totalmente eficaz las administraciones deberían pagar a los prestadores de servicios en un plazo máximo de treinta días.

- En algunos casos, el hecho de hacer pagar a los hijos por los servicios recibidos por sus padres ha resultado ser poco equitativo o incluso totalmente injusto. La culpa en esos casos no es del sistema sino de los baremos que se utilice para calcular la aportación. Si se llegase a hacer las modificaciones legales a que hacíamos referencia, el gobierno de turno podría después ir modificando los baremos de forma que se hiciese pagar a más o menos personas. Ramon Nicolau nos dice que la estructura de la familia ha cambiado y los hijos ya no pueden asumir el pago de los servicios que reciben los padres, eso es cierto solo en parte: Si se universaliza el derecho a recibir la prestación querrá decir que todo el mundo que tenga necesidad podrá recibir el servicio independientemente de su capacidad económica, esto quiere decir que los que tengan nula capacidad económica lo recibirán sin pagar nada, y los que tengan mucha capacidad económica lo recibirán pagando lo que cuesta el servicio. Entre un extemo y otro habrá copago. En este sistema universal que incluye a todos nos encontraremos con una amplia posibilidad de combinaciones (padre "rico" con hijos "pobres"; padre "pobre" con un hijo "rico" y uno "pobre", padre "ni rico ni pobre" con hijos "ni ricos ni pobres". etc.. etc..). ¿Por qué renunciar a que hijos con ingresos elevados y pocas obligaciones participen en el pago del servicio que recibe su madre?

Quizá sí haya un motivo para renunciar a este sistema, pero de él no se ha hablado. ¿Cuál sería su nivel de eficiencia? Para saberlo se debería hacer un cálculo de lo que podría aportar al Sistema y del coste que tendría su puesta en funcionamiento y mantenimiento. Si los ingresos a obtener no son muy superiores al coste debería dejarse de lado ya que cuando hablamos del coste de la Dependencia deberíamos intentar que la mayor cantidad e euros posibles vaya al cuidado y la mínima a los despachos de los ministerios y las consejerías.