Hace unos días, ACRA denunció que el sector está atravesando momentos de dificultades a causa de la congelación de las partidas económicas que aporta la Consellería de Treball, Afers Socials i Famílies, que llevan congeladas siete años, mientras que los costes han aumentado un 10,62 %.
El Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Servicios Sociales (RESES), ha facilitado las cifras del mes de marzo de este año, según las cuales, en Cataluña hay 71 690 plazas de recursos asistenciales (residencias, centros de día,sociosanitarios y viviendas tuteladas), de ellas casi 60 000 son plazas en residencias geriátricas.
ACRA ha presentado un informe económico del sector que presenta una situación muy complicada. Aunque no se dispone del númerode centros que han cerrado o están a punto de hacerlo, sí que se registran traspasos, ventas de residencias y jubilaciones de sus propietarios.
Ante la situación, la patronal reclama a la una corrección de tarifa mínima del 11 %, pues de otro modo las repercusiones en la calidad del servicio serán importantes.
Otro motivo de preocupación es que las nuevas adjudicaciones de gestión de los centros ofrecen precios todavía más bajos que los actuales, por debajo del coste, lo que afecta a la viabilidad y deteriora al sector en general.
Los recortes en los centros de financiación pública —en los que el 70 % de los recursos losaporta la Administración, en este caso la Generalitat y el 30 % el usuario— se remontan a hace siete años. Entonces las tarifas de la Generalitat se actualizaban anualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). Durante los primeros años de congelación de tarifas públicas, las entidades gestoras absorbían los costes con fórmulas como ampliar las líneas de crédito orenegociando la financiación, estrategias que no el paso de los años se han hecho insostenibles.
Esperamos que se resuelva lo antes posible la situación, pues es la calidad de vida de las personas mayores lo que está en juego.