La Generalitat de compromete a reforzar el sector de las residencias para la tercera edad
22/01/2019
Según el informe Estimaciones de población 2018 del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la comunidad ha alcanzado la cifra de 7 543 825, de los cuales 1 417 311 tiene más de 65 años y, de ellos, 460 473 ya han cumplido los 80. Es decir. seis de cada cien personas que viven en Cataluña son octogenarias, y que hay 119,3 mayores de 65 años por cada cien que aún no han cumplido los 15. Es decir, el proceso de envejecimiento de la población catalana se está acelerando. De hecho, para el año 2053 se espera que la población mayor de 65 años se haya duplicado. Estos datos exigen una planificación adecuada de los servicios que se prestan a las personas mayores, que estos últimos años han sufrido graves recortes en su financiación.
La Consellería de Afers Socials ha mantenido una reunión con sindicatos, empresas y entidades sociales del sector de la dependencia, en la que le se han abordado las carencias que se vienen arrastrando desde hace tiempo. Tras el encuentro, la Consellería se ha comprometido a elaborar un plan a cuatro años para detectar y fortalecer los servicios residenciales de dependencia. Por parte de las empresas y entidades sociales gestoras de las residencias geriátricas concertadas se ha pedido más dinero público para garantizar la sostenibilidad del sector. Hace medio año, en un manifiesto conjunto, se pidió el aumento de 300 millones de euros para poder garantizar el servicio que se presta. Según las seis organizaciones que gestionan residencias para mayores catalanas, en los últimos diez años las aportaciones a las residencias se han congelado, a la par que las demandas de atención y los costes no han parado de subir. Por su parte, los sindicatos CC. OO. y UGT señalaron la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las más de 40 000 personas que trabajan en este sector y que, en ocasiones, tienen salarios muy precario y condiciones de trabajo abusivas.
Tanto patronal como sindicatos piden que se aplique la misma ratio y sueldo que las residencias públicas de la Generalitat, que son una minoría dentro del sistema público de la dependencia, a todas las residencias concertadas. También proponen un convenio catalán para todo el sector geriátrico que blinde las condiciones laborales y cargas de trabajo de los trabajadores y el precio de las tarifas de las empresas y entidades sociales.
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