La patronal catalana ACRA, ha denunciado de nuevo la insoportable situación que vive el sector geroasistencial debido a los reiterados impagos de las administraciones públicas. Recientemente, el Departamento de Bienestar Social y Familia les ha comunicado que no sabe cuándo pagará los 70 millones que debe a todos los centros concertados y colaboradores correspondiente a las estancias de mayo, que se tenían que haber pagado a finales de Julio.
Debido a ese impago, un 37% de las empresas asociadas a ACRA no podrán pagar la totalidad de la paga de Navidad a sus trabajadores
Los problemas no acaban con la "nómina" pendiente desde julio (70 millones al conjunto de los Servicios Sociales), los centros de mayores miembros de ACRA soportan una deuda acumulada de unos 50 millones de euros relacionados con los retrasos en los pagos de los nuevos ingresos , en los de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de anticipos y en las PEVS, tanto con la Generalitat como con algunos Ayuntamientos y Consejos Comarcales.
Esta es la nota que ha difundido la patronal el día 19 de diciembre:
ACRA denuncia las graves dificultades que están sufriendo los centros colaboradores, concertados y de gestión catalanes ante los reiterados impagos por parte del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña y del resto de administraciones públicas (Ayuntamientos y Consejos Comarcales) con quienes han suscrito convenios y contratos. Finalmente, y después de continuas reclamaciones por parte de ACRA, el pasado viernes, el Departamento que encabeza el consejero Josep Lluís Cleries comunicó que la Generalitat no pagará antes de fin de año la deuda con los Servicios Sociales de 70 millones de euros , correspondiente a los servicios prestados en el mes de mayo y que se debería haber liquidado el mes de julio con nuestro sector, así como que tampoco se puede comprometer a establecer una fecha o calendario de pago.
Ante esta información, ACRA quiere denunciar públicamente las dificultades que están sufriendo todos los centros debido a los impagos y retrasos crónicos por parte del Departamento, así como de algunos Ayuntamientos y Consejos Comarcales. Hay que tener en cuenta que hoy en día, además de la deuda por la facturación del mes de mayo de los centros colaboradores, concertados y de gestión, muchos de estos centros también deben soportar retrasos en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se comienzan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS. Sumando todos estos retrasos, la deuda de las Administraciones públicas, sólo con las empresas del sector de personas mayores catalanas es de unos 50 millones.
Entre el 60 y 70% de los gastos de los centros se deben a las nóminas de los trabajadores, algunos de los cuales no han cobrado aún la paga extra de julio y ahora, además, muchos centros no podrán hacer frente a las pagas extras de Navidad. Concretamente, un 37% de las empresas asociadas a ACRA no podrán pagar la totalidad de este concepto, según los resultados del último barómetro enviado por la Asociación.
Por todos estos motivos, ACRA considera que los departamentos de Bienestar Social y Familia y Economía y Conocimiento no pueden ahogar, como lo están haciendo, un sector generador de riqueza que pese a la crisis aún no ha destruido empleo, que ofrece puestos de trabajo estables y que no se deslocalizan. Igualmente, la Asociación pide al Govern que considere el sector de la atención a las personas mayores como prioritario, así como que sea más vehemente a la hora de reclamar al Estado los recursos que no les están facilitando en relación con el acuerdo para la financiación de la LAPAD.
Propuestas del sector
En este sentido, ACRA reclama a la administración catalana que los pagos a los operadores de servicios sociales tengan la misma consideración que los sueldos del funcionariado público con respecto a las prioridades de pago de la Generalitat, pues el usuario recibe los mismos servicios públicos , tanto si son prestados por personal propio de la Administración como por personal de las empresas colaboradoras, concertadas y de gestión. El personal y los prestadores de estos servicios deben tener los mismos derechos y la Administración el mismo deber de cumplir con las obligaciones de pagos para que los operadores satisfagan las retribuciones.
Sin embargo, la principal organización empresarial catalana en la atención a las personas mayores, se está reuniendo con los diferentes grupos parlamentarios para informarles pedirles su apoyo en la defensa del sector. Por otro lado, ACRA, que ya ha iniciado conversaciones con los bancos y cajas catalanas, solicitará al Departamento de Bienestar Social y Familia que llegue a acuerdos con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y entidades bancarias para que faciliten los centros créditos inmediatos por los importes que pendientes de cobro.
Igualmente, ACRA asesorará y recogerá las solicitudes de los centros que quieran pedir intereses de demora a la Generalitat por las deudas atrasadas. Unas solicitudes que se presentaría de forma conjunta una vez haya un número significativo de centros que lo deseen reclamar, y ha mantenido conversaciones con la tesorería de la Seguridad Social para que las entidades que lo necesiten puedan solicitar aplazamientos individuales sin recargo, manteniendo bonificaciones y deducciones, de las cuotas de la Seguridad Social. Por último, destacar también que ACRA ha pedido una reunión con el Ministerio de Hacienda para pedir aplazamientos de los impuestos. Respecto del IVA, se solicitará un aplazamiento especial ya que en estos momentos los centros no se pueden plantear pagar un IVA de unas facturas que no han cobrado y que no saben cuándo cobrarán.