27/03/2013

TODO EL SECTOR GEROASISTENCIAL CATALAN (MENOS ACRA) PIDE UNA SOLUCIÓN

Algo debe pasar en Cataluña para que  la Unió Catalana d’Hospitals, La Confederació-Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Asociación de directores ASCAD, la Asociación de entidades de salud,  CES,  la Taula d’Entitats del tercer Sector Social de Catalunya  y la Unió de Petites i Mitjanes Residencies (UPIMIR), o sea, todo el sector geroasistencial, con la clamorosa ausencia de ACRA (patronal más representativa); re reúnan y decidan escribir a tres consejerías pidiendo que no se aplique lo que entienden como la prevista reducción en la cuantía de los conciertos de la dependencia.

 

Todo empieza con la publicación el 26 de febrero, en el Diario Oficial 6325 de un Acuerdo de Gobierno que prevé la reducción de dos medias pagas extras a los funcionarios de le Generalitat y una rebaja equivalente en los conciertos y encargos de gestión  que  el Institut Català d'Assistència i Serveis Socials mantiene con el sector privado.

 

Hace unos días tratamos el asunto y pusimos de manifiesto las discrepancias a la hora de entender lo que dice el artículo 5.3 del Acuerdo de Gobierno ACORD GOV/19/2013.  Para ACRA éste no es de aplicación a los conciertos y contratos de gestión con entidades de inicativa privada. Para los demás sí lo puede ser, salvo que se modifique.

 

Nos consta que des de ICASS están haciendo esfuerzos para que se cambie por lo que los escritos enviados por la casi totalidad del sector a los consejeros puede servir de ayuda.  En los mismos se indica que la reducción está totalmente injustificada y que pondría en peligro la viabilidad económica de muchas entidades de servicios sociales.

 

No mencionan la Iniciativa Legislativa Popular que se tramita en el Parlament y que busca crear una norma con rango de Ley que priorice el pago de los servicios a la gran dependencia de forma que se dificulte de forma considerable la posibilidad de sufrir impagos.  Es cierto que la ILP no evitaría que se pudiera modificar la tarifa, aún así podría ser una buena medida para salvaguardar las políticas de atención social de la Generalitat.

Una noticia especialmente interesante para gerentes de residencias geirátricas en Cataluña