UNA SENTENCIA AVALA EFECTOS SUPERRETROACTIVOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Cuando el tema de discusión es el recorte de la Ley de Dependencia que ha propuesto el Presidente del Gobierno consistente en que el derecho a recibir la prestación económica se genere en el momento de redactar el Pia en vez de en el de la solicitud con la clara intención de ahorrar, una sentencia en Cataluña puede generar a las administraciones autónomicas un coste no previsto.

Recordemos que la ley de Dependencia entró en vigor el 1 de Enero de 2007 pero nadie podía ser valorado entonces ya que hasta unos meses después no existía una herramienta de valoración, ni un procedimiento, ni siquiera unos formularios.  Aún así  hubo quien creyó las palabras de los políticos que decían que se había creado el cuarto pilar del estado de bienestar y presentaron solicitudes el mismo Enero.  En el caso de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) de la Generalitat a pagar 2.435 euros a un gran dependiente como prestación para un cuidador profesional, correspondiente al periodo entre el 1 de enero de 2007 --cuando entró en vigor la Ley de la Dependencia-- y el 30 de mayo de 2007 --cuando el Govern abrió el plazo para solicitar las ayudas, y a partir del cual efectuó los pagos--.

Lo hemos leído en la web de CERMI Aragón y, puede suponer una pequeña sangría para las administraciones y un alivio para algunas familias.

Lo cierto es que los redactores de la Ley fueron negligentes al no prever un período para constituir el Consejo Territorial, redactar los Decretos, crear los equipos, etc..  y durante el cual todavía no se pudiesen presentar solicitudes.

Según la noticia difundida por CERMI, la administración ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia del TSJC.

Resulta recomendable leer también en la web de CERMI Aragón unas pautas para reclamar.