Su actividad fundamental gira en torno a la pretensión de establecer criterios básicos y principios de concertación de servicios para las entidades, que teniendo en cuenta los costes reales y la estabilidad y calidad en el empleo, garantice los niveles óptimos de los servicios prestados.
Ante la situación, ASOREX encargó la realización de un estudio económico a auditores independientes que analizase los costes que tendría el servicio para los adjudicatarios, atendiendo estrictamente a los requisitos de recursos humanos necesarios para prestar el servicio licitado, y sin tener en cuenta otros costes indispensables, como manutención, climatización o limpieza.
El informe económico realizado revela que los costes del personal directo mínimo exigido son de 43,02 €/día, mientras que el precio máximo de licitación es de 38,84 €/día. El coste para los ciudadanos de una plaza en residencia pública, en términos totales, oscila entre los 70 y los 40 €/día, según el grado de dependencia de la persona, según ASOREX, que denuncia la situación, pues hace inviable dar un servicios sin que las empresas entren en pérdidas económicas. Esta circunstancia, además, ha hecho que 60 plazas licitadas queden desiertas.
Ante la situación, ASOREX interpuso un recurso ante la Comisión Jurídica de Extremadura, quien ejerce las funciones de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura,que no fue admitido.
ASOREX ha manifestado su denuncia e indignación ante este tipo de licitaciones «a subasta» por debajo del coste de prestación del servicio, que imposibilitan la evolución del sector hacia una atención de mayor calidad, provocan despidos de personal y bajadas de salarios.
ASOREX se ha comprometido a vigilar el correcto cumplimiento de estos contratos, aunque de antemano el servicio sea insostenible, y denunciará a aquellas empresas y entidades que no cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos.