EXTREMADURA: CHOQUE ENTRE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
06/11/2006
Algo grave debe suceder cuando una comunidad autónoma hace manifestaciones en el sentido de que "no hay persecución" contra un gran ayuntamiento de esa misma comunidad y cuando ese ayuntamiento anuncia que denunciará a la comunidad por prevaricación. ¿Será un síntOMa de que se acercan las elecciones municipales?
Esta es la nota que aparece en la web de la Junta de Extremadura:
La Junta de Extremadura fue notificada, a través del Grupo Municipal Socialista, del posible incumplimiento de la normativa urbanística vigente, en los proyectos para construir una residencia de mayores en la zona de los Bodegones y edificios de uso terciario, en el antiguo Cuartel Hernán Cortés.
La Dirección de Administración Local, como es preceptivo en los acuerdos municipales y en virtud del artículo 56.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a fin de comprobar si se había aplicado la Ley, solicita al Ayuntamiento de Mérida, con fecha 1 de junio de 2006 (Reg. Salida nº 5016/2006, de 6 de junio) la siguiente documentación:
- Copias completas de cada uno de los expedientes urbanísticos tramitados.
- Informe del Interventor de esa Entidad Local sobre la justificación
legal del abono de 480.000 euros en concepto de pérdidas para la construcción
de una ciudad deportiva.
- Informe del Secretario justificativo de la constitución de un derecho
de superficie en terrenos adscritos al Patrimonio Público de Suelo, para
construcción de una residencia geriátrica en los Bodegones, así
como sobre los aspectos de la recalificación del suelo dotacional docente
para destinarlo a la construcción de dicha residencia geriátrica,
y la previa declaración de interés social del uso proyectado,
tal y como establecen los arts. 92 y 93 de la Ley del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura.
- Certificación del Secretario de la Corporación sobre los usos
dados, según el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida,
a los terrenos del antiguo Cuartel Hernán Cortés, así como
justificación legal de que el citado terreno se vaya a destinar a la
construcción de un hotel, un centro comercial, zonas de reunión
y salas de cine.
Al no haber obtenido ninguna respuesta, con fecha 25 de julio (Reg. Salida 2000367/2006, de 28 de julio) le es reiterada al Ayuntamiento de Mérida la petición de información.
Con fecha 6 de octubre de 2006 y considerando que la petición de información no ha sido atendida, a pesar de haberse cumplido en exceso el plazo concedido para ello por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la dirección de Administración Local remite al Gabinete Jurídico de la Junta el expediente para su impugnación en vía contencioso-administrativa, conforme a la anteriormente citada LBRL.
Los hechos relatados dejan claro que la actuación de la Junta de Extremadura está fundamentada en las competencias que le asigna la Ley y como tal las ejerce.
El Ayuntamiento de Mérida debería ser el primer interesado en aclarar todas estas operaciones y en facilitar a la Administración la documentación necesaria para que así fuera. No sólo porque la Ley le obliga sino para que no pueda existir ningún tipo de sospechas sobre la utilización que se está haciendo del suelo público en la ciudad.
A la vista de lo sucedido y por alguna razón que no conocemos, el Ayuntamiento está utilizando procedimientos que nunca pasan por el necesario control de la Junta de Extremadura, cuando la transparencia debería ser la máxima municipal, sobre todo con los recelos urbanísticos que existen en estos tiempos.
Ni existen contubernios, ni hay persecución ni otra cosa que no sean las leyes, la aplicación de las competencias propias y la necesaria transparencia en asuntos urbanísticos de esta región.
Esto es lo que aparece en la web Lúkor.com
El Ayuntamiento de Mérida presentará una denuncia por "prevaricación" contra el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el consejero de Desarrollo Rural, Francisco Javier López Iniesta y la directora general de Haciendas Locales de la Consejería de Desarrollo Rural por su actitud frente a las operaciones urbanísticas llevadas a cabo por el consistorio emeritense en el antiguo cuartel Hernán Cortés y en el geriátrico de la zona sur.
Así se postuló hoy el consejero de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Mérida, Miguel Valdés, en respuesta a las afirmaciones realizadas ayer por el vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, en las que cuestionaba la legalidad de las operaciones.
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