INTOXICACIÓN EN UNA RESIDENCIA DE CÁCERES
27/12/2003
Durante el pasado mes de diciembre, una intoxicación en una residencia de Cáceres costó la vida a cuatro residentes. El trato que sobre este lamentable incidente dió la prensa y la administración son dignos de análisis.
Parece que cada vez que sucede algún hecho luctuoso en una residencia de tercera edad privada, se observa la existencia de un patrón que resulta independiente de qué administración actua y del tipo de residencia se trata.
En un primer momento siempre se desconfía de la actuación de la residencia de mayores y, casi siempre se informa de alguna presunta anomalía (tenga o no que ver con el suceso en cuestión) que ha sido detectada por la administración y, por supuesto, será investigada. De esta forma, haya sido cual haya sido la actuación de la residencia o tenga ésta la responsabilidad que tenga, siempre aparece cuestionada la profesionalidad o buena actuación de los propietarios y directivos de la empresa propietaria.
En el caso de Cáceres resulta muy interesante leer la noticia tal como apareció en Ya.com el 22 de Diciembre. Si leemos la primera parte entendemos que se ha producido una intoxicación alimentaria y que, con los datos que se tienen no se puede determinar a qué fue debida (y mucho menos si existe alguna responsabilidad por parte de la residencia). Según esta información, la residencia comunicó en su momento de forma correcta la aparición de los síntomas a la autoridad sanitaria compentente, aunque después no fue comunicando el empeoramiento de algunos casos.
Analizando un poco qué está obligada a declarar la residencia, hemos encontrado el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En esta norma aparecen algunos artículos interesantes. Por un lado en el número 9 se dice textualmente que "La declaración obligatoria se refiere a los casos nuevos de estas enfermedades aparecidos durante la semana en curso y bajo sospecha clínica, y corresponde realizarla a los médicos en ejercicio, tanto del sector público como privado". Así las cosas parece claro que la residencia (que no es un centro sanitario sino social) no tiene directamente ninguna obligación sino que ésta corresponde al personal médico. Así mismo parece que, una vez comunicado el brote, el personal médico no tiene obligación legal de comunicar los cambios en el estado de los pacientes (que en la casi totalidad de los casos son atendidos por la sanidad pública). Por otro lado resulta curioso que, entre las enfermedades que obligatoriamente deben notificarse aparece la gripe.
Sabiendo lo que dice la ley y volviendo a leer el artículo se pone de manifiesto que en ningún lugar se pone en duda la actuación de la administración sanitaria que, una vez recibida la notificación de existencia de una enfermedad de obligada comunicación no hace un seguimiento de oficio que hugiese hecho innecesaria comunicación alguna respecto a la evolución de los casos y se limita a decir que "la Junta no tuvo conocimiento del fallecimiento del día 13 ni del agravamiento del estado general de las personas afectadas".
Si seguimos leyendo aparece lo peculiar. La residencia no comunicó al Departamento de Bienestar Social la existencia del problema. Ésto, en palabras de la Consejera de Bienestar Social se entiende así: "Aunque no había obligación legal de comunicarlo a Bienestar Social, sí ética porque el centro sabía que la Junta tenía capacidad de atención sociosanitaria". O sea, no existe un error de coordinación entre el Departamento de Sanidad y el de Bienestar Social sino el incumplimiento de una obligación ética por parte de la residencia. Curioso.
También el Departamento de Bienestar Social informa a la prensa de lo siguiente: "el día 21 de octubre tras una inspección a la residencia en cuestión levantó un requerimiento con fecha 7 de noviembre en el que se puso de manifiesto que el centro no cumplía la normativa y el decreto en lo relativo a la ratio de profesionales con capacitación y atención sanitaria necesaria. Según la Consejera de Bienestar Social, la residencia el día 5 de diciembre contestó que cumplía la ratio según el decreto, aunque la consejera aseguró que el centro "combina el personal de cuidadores con el sanitario e incumplía la ratio necesaria". Si no se entiende mal, parece que la residencia podría estar incumpliendo algún punto del Decreto de condiciones, cosa que podría dar lugar a un expediente sancionador y a una eventual sanción. En el momento que da los datos la consejera no hay resolución alguna y, de sus palabras parece deducirse que, ni siquiera hay un expediente sancionador abierto. La pregunta és: incluso si hubiese algún incumplimiento en ese aspecto, ¿tiene esto que ver con la intoxicación? ¿Era tan grave la deficiencia cuando desde el siete de noviembre la administración no había tomado ninguna media cautelar? Lo más probable es que no. Con toda seguridad la posible infracción administrativa habría pasado del todo inadvertida para los medios si no fuese por la intoxicación.
Lo que parece desprenderse todo el asunto es que, cuando algún hecho desgraciado acontece en una residencia privada, lo primero que guiará la respuesta administrativa es su propia defensa. Por un lado veremos siempre frases del tipo "Investigaremos a fondo y pediremos con rigor todas las responsabilidades"; por otro, como para que nadie pueda acusar a la Administración de inactividad, sacarán a la luz cualquier irregularidad (por poco consistente que pueda ser) detectada en inspecciones anteriores (o en alguna ordenada a toda prisa una vez ha aparecido la noticia en los medios) dejando claro que la Administración ya está actuando y ha detectado problemas en la residencia. Cuando al cabo de un tiempo se demuestre (como suele suceder) que el caso no era tan grave (porque la salmonela la produjo un alimento envasado o porque las muertes "sospechosas" eran del todo naturales), ya nada aparecerá en los periódicos. Nadie volverá a hablar del tema. Nadie pedirá perdón por lo sucedido. Sólo quedará una cosa, durante mucho tiempo, cuando se hable de esa residencia alguien dirá "¿No era allí donde murieron ancianos intoxicados?".
Ante esta situación cabe plantearse ¿puede hacerse algo? Invitamos a nuestros visitantes a participar en la discusión que hemos abierto sobre esta cuestión en el foro de Inforesidencias.
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