Esta situación ha hecho además que las plazas públicas disponibles sean para personas con dependencia, de manera que, a medida que las personas fallecían o pasaban a ser dependientes, la plaza para persona autónoma se transformaba. Esto provoca que aquellos mayores que no disponen de grado de dependencia, si desean o necesitan acceder a un servicio residencial se vean obligados a acudir a la oferta privada.
Otra circunstancia que ha incidido es la crisis económica de los últimos años que se ha notado en Vigo de manera notable, y que ha provocado que muchas personas dejaran sus residencias, ya fueran públicas o privadas, para ayudar económicamente a sus familias con sus pensiones. También se sucede que en numerosos casos la baja cuantía de las pensiones hace que, aunque la persona mayor desee irse a vivir a una residencia, no puede porque su precio, si es una plaza privada, puede quintuplicar la prestación que recibe.
Ante estas circunstancias, lo que no debe suceder es que las personas mayores no tengan opción de vivir en una residencia si así es su necesidad o preferencia, para ello, desde las administraciones se deberían tomar medidas para aumentar la oferta de plazas públicas o, en su defecto, concertadas, pues el envejecimiento de la población no se va a detener, por el contrario, las previsiones son de que aumente el número de personas mayores de 65 años, por eso, las administraciones correspondientes deben, en primer lugar, ponerse al día en cuanto a las personas que están esperando el servicio y destinar los medios a proporcionárselo y, en segundo, planificar el futuro para que dentro de 10 años el problema no se reproduzca.
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