Análisis del maltrato económico hacia la tercera edad
25/11/2015
Nos hacemos eco de un interesantísimo estudio que da datos que, sin duda, son en parte o gran medida extensivos a toda la población del Estado y que, en todo caso, llevan a la necesidad de pensar en la prevención y atención que debe darse a las personas más vulnerables.
Se ha editado el Anuario del Envejecimiento Islas Baleares 2015 que consta de más de 400 páginas con 21 artículos de investigación, divulgación y debate sobre la situación de las personas mayores en las Islas. Destacan temáticas como la afectividad y la sexualidad de las personas que viven en residencias para mayores, la vejez y el virus VIH, las mujeres pioneras en su ámbito laboral o la sobrecarga de los cuidadores que son dependientes ellos también. Este anuario se realiza desde 2008 en IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) en colaboración con la UIB (Universidad de las Islas Baleares) y su objetivo es aportar sociodemográficos sobre el envejecimiento de la población.
Un de los informes más destacados es de Sofía Alonso y Núria Vaquer que se titula «El abuso económico a las personas mayores, cuestión de género, edad y dependencia», que concluye que la mitad de los maltratadores son sus propios hijos y que el abuso económico es una de las formas de violencia que peor se detectan.
Por una parte, los padres son reacios a denunciar y, por otra, la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres mayores de 75 años que presentan algún grado de dependencia. Normalmente la alerta surge cuando la víctima deja de pagar facturas o no puede con los gastos del día a día. Estos indicio suelen ser indicadores de que alguien está haciendo uso de su dinero y, normalmente, es algún familiar cercano.
El agresor es en un 40 % un hijo, en muchos casos con problemas de alcohol o drogas, al que le siguen sobrinos, hermanos, cuidadores que no son familiares, vecinos, parejas y amigos con poder notarial.
Las residencias públicas de la tercera edad de Baleares llevan unos años
detectando personas que no hacían frente al copago del centro, a raíz de esto
se comprobó que el impago era involuntario, simplemente, no tenían dinero en
sus cuentas. Aunque en el conjunto de plazas residenciales y del porcentaje de
impagos sea un pequeño porcentaje (10 de 82 en el año 2014), es importante
estar alerta, detener el abuso que produce y dar visibilidad a una problemática
que se puede detectar mejor en las residencias geriátricas, pero que se produce
también en las personas que viven en sus domicilios o con sus familiares y
donde es más difícil actuar.
En las residencias para mayores el impago de entre uno y tres recibos ya pone en alerta, cuando se llega al año de impago, se debe intervenir ante la sólida sospecha de abuso y proteger a la persona de ella misma o de su abusador. En estos casos intervienen los técnicos sociales que pueden comprobar que los hijos usan la pensión de sus padres para cubrir gastos generalmente vinculados a drogadicción u otro tipo de problemas. Cuando se detecta un problema así, los técnicos inician una solicitud de prioridad social y desde atención primaria se debe denunciar la situación a Fiscalía, aunque no es tan fácil, pues muchas veces la persona mayor no reconoce su situación y quiere proteger a sus hijos.
La solución, según el estudio, es que las residencias para mayores establezcan mecanismos de protección y, sobre todo, apostar por programas de sensibilización e información a la sociedad en general.
Hay 4 383 plazas residenciales en Mallorca de las cuales 1619 son plazas públicas y 870 concertadas con una entidad privada. El IMAS es la administración que tiene concertadas más plazas: gestiona 1014 públicas y 723 concertadas. El estudio parte de la información obtenida en estos centros sobre de los usuarios que allí residen.
Enlace de interés donde se puede descargar el anuario:
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