124 INGRESOS FORZOSOS EN RESIDENCIAS MADRILEÑAS

La necesidad o no de autorización judicial para el ingreso en residencias de personas con demencia es una de esas polémicas que periódicamente generan discusión en nuestro sector.

Resulta peculiar que una cuestión tan relevante, ya que afecta a derechos subjetivos y que debería tener una aplicación común en toda Espala, se ventile de forma tan divergente en diferentes comunidades autónomas, e incluso en diferentes provincias de la misma comunidad autónoma. Puede verse la polémica en el libro "Diez temas jurídicos" publicado por Portal Mayores.

Debido a que existe esa polémica nos ha sorprendido la noticia que hemos leído en Ya.com que, describiendo un programa del SAMUR explica: El programa "Mayores en Riesgo", del Samur Social, se dirige a los mayores de 65 años sin compañía y a las personas sin hogar de más de 60 años, los llamados "ancianos prematuros", con el objetivo de prestar una atención especial a este colectivo que se encuentran en una situación de "riesgo social". En el marco de este programa, durante el año 2006 solicitaron asesoramiento 514 personas. Se abrieron 165 expedientes de los que 124 finalizaron con el ingreso forzoso del anciano en residencias de mayores en Madrid. Para realizar este tipo de internamiento involuntario se requiere la valoración de un médico y una intervención judicial, así como multitud de gestiones sociales encaminadas a dar respuesta a la situación de desprotección. Además, durante el año 2006, seis mayores ingresaron voluntariamente, se iniciaron 29 procesos de incapacitación y 14 administraciones de bienes. (...) La situación del colectivo de personas mayores de 65 años que viven solas y no cuentan con el apoyo familiar se agrava si los ancianos presentan trastornos mentales o tienen una edad avanzada. En estos casos, existen importantes limitaciones físicas y una ausencia de habilidades para manejarse en la vida diaria. Aún así, en una primera intervención los ancianos pueden llegar a rechazar los servicios de atención social. Los mayores mendigos, uno de los grupos más problemáticos, viven en la vía pública y suelen presentar un gran deterioro físico y psíquico. En términos generales son reacios a recibir atención social y sanitaria por parte de los miembros del Samur Social, lo que dificulta la labor de ayuda. Para desarrollar el programa, el Samur cuenta con dos trabajadoras sociales que actúan como coordinadoras entre los distintos organismos que intervienen en este tipo de casos.

Lo que resulta sorprendente de esta noticia es lo que no dice. El hecho de ingresar "forzosamente" a una persona, no por su demencia sino por tratarse de un mendigo o de un enfermo mental, puede suponer, y de hecho, supone en muchos casos, una alteración de las condiciones de vida del resto de residentes y familiares.

Una cosa es el deterioro cognitivo ocasionado por la demencia y otra muy diferente es el deterioro psíquico que provoca la enfermedad mental. El SAMUR intenta resolver un problema y no debería ser criticado. Las administraciones públicas responsables de planificar y gestionar la prestación de servicios sociales sí deben recibir crítica si no potencian la creación de centros específicos para personas con problemas de salud mental, independientemente de su edad.