SOCIALISTAS MADRILEÑOS CONTRA LA GESTIÓN PRIVADA DE RESIDENCIAS PÚBLICAS

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea y la asociación AFERACAM (en Inforesidencias.com no hemos sido capaces de encontrar información en internet sobre esta asociación) elaborarán a lo largo de este año un estudio conjunto sobre la situación de los aproximadamente 11.000 mayores con algún tipo de plaza concertada. Las conclusiones serán remitidas a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, ya que, según denunció Rafael Simancas, "puede haber vulneración de derechos e incumplimiento de leyes” ya que muchos mayores "sufren un trato indigno” ante la pasividad del Gobierno de Aguirre, a pesar de ser responsable de la calidad de este servicio financiado con dinero público.

Sorpende mucho que antes de elaborar el estudio ya estén avisando de que existe trato indigno. También sorprende que el estudio se limite a las residencias concertadas ¿por qué no se incluyen también las residencias públicas gestionadas por la propia administración aunque sólo sea para poder contrastar la información que se obtenga en el estudio?

Bajo estas manifestaciones e iniciativa se oculta una verdadera anivadversión hacia la figura de gestión privada de servicios públicos. Algo que resulta muy sorprendente y ajeno a la ideología. En casi todas las comunidades, independientemente de quién gobierne, se tiende hacia las figuras de gestión privada, concierto o programas de colaboración. De igual forma, en casi todas las comunidades autónomas, independientemente de quien gobierne, la oposición acusa al gobierno de enriquecer a las empresas y de no controlarlas suficientemente.

Sólo por hablar del último año, en marzo de 2005 se ponía en duda la actuación de la Junta de Andalucía por concertar plazas en residencias de forma irregular.

En el caso de Madrid, de las 17.000 plazas residenciales en la Comunidad, en torno a 11.000 son gestionadas a través de algún tipo de concierto (sufragadas completamente por la administración o en parte). Simancas considera esta "situación lamentable” en las residencias concertadas es fruto de "pliegos de condiciones insuficientes y nulo seguimiento y control de este pliego por parte del Gobierno regional” que sólo dispone de nueve inspectores en toda la región para el conjunto de los servicios sociales de la región que además realizan sus inspecciones con previo aviso.

Por su parte, el presidente de AFERACAM, Pío Maceda, afirmó que "las empresas no cumplen porque no temen sanciones de la administración”, la cual lejos de controlar "otorga más licencias a estas mismas empresas”, según la secretaria de la asociación, Dolores Martínez.

Por ello, Simancas anunció que en un pleno que se celebrará en la Asamblea, los socialistas presentarán una interpelación al Gobierno regional sobre la situación que sufren los mayores y planteó cinco exigencias para garantizar un tratamiento digno en los centros concertados:

- Una auditoría externa "exhaustiva y objetiva” para comprobar la situación en la que son tratadas las personas mayores en las residencias públicas y concertadas.
- Que el Gobierno regional apueste por la creación de plazas públicas de gestión directas, "las únicas que, de momento, garantizan un mínimo de calidad”.
- El endurecimiento de los pliegos de condiciones de los contratos, que requieran unas ratios mínimas de personal por residente.
- Más personal de inspección que realice su labor sin previo aviso.
- La aplicación de un régimen de sanción adecuado para que las empresas cumplan los pliegos de condiciones.

"Esta situación deplorable supone un gran negocio para algunas empresas y sin embargo no se presta un servicio con un mínimo de calidad y de dignidad para las personas mayores. El responsable es el Gobierno regional, que privatiza este servicio y no establece los controles adecuados. No vamos a parar y vamos a trabajar duro y bien para que los mayores reciban un servicio de calidad que se merecen”, concluyó Simancas.

Exigir rigor a los políticos es como gritarle a los truenos. ¿No sería mucho más lógico, antes de hacer descalificaciones tan gruesas y generalizaciones tan injustas, encargar el estudio a una entidad independiente (la Universidad, por ejemplo) y esperar a ver los resultados?

¿Es cierto que las residencias públicas de gestión directa ofrecen más calidad? ¿hay algún estudio que lo fundamente?
¿Es cierto que los pliegos de condiciones en Madrid son menos exigentes que en Castilla la Mancha, Andalucía o Cataluña?
¿Es cierto que se realizan menos inspecciones en Madrid o que se aplican sanciones con menos intensidad que en otras comunidades?
¿Esta el Sr. Simancas contra la Ley de Dependencia que prevé la integración de residencias privadas en la red de uso público?

Ver información en Madrid Digital