TENSA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO EN MADRID

Lo de Aragón ya empeiza a ser preocupante. Que exista un conflicto colectivo entre patronal y sindicatos es algo a lo que ya estamos acostumbrados, incluos podríamos decir que entra en la "normalidad", pero que el conflicto surja porque un sindicato, CCOO, no esté de acuerdo con lo que a acordado otro sindicato, UGT, con las patronales y que esto lleve hasta una huelga, ya es algo más peculiar. Esto es lo que está pasando en Aragón, donde la tensión va subiendo escalones e, incluso hemos vivido una convocatoria de huelga a finales de octubre.

La tensión ahora llega la Comunidad de Madrid que también ha vivido manifestaciones y que ahora ve como los sindicatos, esta vez UGT y CCOO juntos, convocan una huelga para los días 22 a 24 de noviembre. ¿La reivindicación? que se asimilen las condicones de trabajo de los empleados de residencias privadas con las públicas gestionadas por la administración. Según los sindicatos, el salario de un auxiliar en una residencia privada es de 750€ brutos al mes, lo que supone un 36% menos que lo que cobra la auxiliar de una residencia pública. La jornada anual también es superior, 1.786 foras fente a 1.533.

La patronal AMRTE ha estado abierta al diálogo aunque con límites ya que la realidad del sector público y la forma en que se financia es muy diferente que la del sector privado.

El planteamiento de los sindicatos es muy similar al que se dió en Ariznavarra hace dos años y que acabó, tras una larga huelga, en un laudo que supuso un acercamiento considerable entre las condiciones de los dos tipos de empleados (supuso un aumento aproximado del 100% de salario en cuatro años). En aquél caso se trataba de una residencia pública gestionada por una empresa y lo que sucedió es que la Diputación de Alava, después de un tira y afloja largo y angustioso, asumió el coste de los incrementos por lo que ya no se habla más del tema, pero, ¿Puede asumir la Comunidad Autónoma de Madrid un incremento de precio de concierto y gestión privada de residencias públicas equivalente al aumento del coste que tendrían que asumir las empresas si se adoptase por la "solución alavesa"? Ya sabemos que Alava tiene un sistema de financiación privilegiado dentro del privilegiado sistema vasco lo que hace que pueda gastar por persona mucho más que las otras Diputaciones vascas (y muchísimo más que cualquier otra administración española). Por eso la solución será difícilmente trasladable a Madrid.

Por otro lado, independientemente de la solución que tenga el presente conflicto hay que hacerse unas preguntas: Si el gasto en personal supone actualmente la mitad o más del presupuesto de una residencia ¿Cómo podría afectar a la cuenta de resultados un aumento de salarios muy por encima del IPC y una reducción de jornada anual? ¿Podría llegar a poner en peligro la subsistencia de las empresas? ¿Podría poner fuera del alcance de los ciudadanos de clase media las ya de por si costosas residencias? ¿Si la Ley de Dependencia se hace sobre un cálculo de costes basados en la situación actual, será lo suficientemente valiente el gobierno para poner en el presupuesto los millones adicionales que las nuevas condiciones exigan?

Estas preguntas son importantes y parte de la repuesta pasa por aceptar que hoy por hoy la atención a personas mayores es un sector con salarios bajos que hacen difícil en muchos sitios de España encontrar a empleados preparados y dispuestos a trabajar.

Quizá sea un buen tema para tratar en el foro de Inforesidencias.com, de hecho ya está planteado