El gobierno ha detectado que entre las listas de perceptores de prestaciones de la Ley de Dependencia que le envían las comunidades autónomas había 32.687 que habían fallecido. Además, existen algunas repeticiones degidas, seguramente errores administrativos.
Lo curioso del asunto es que, aunque en una primera lectura podría parecer que estamos ante un caso de descubrimiento de un fraude (si fuese así, habría familiares cobrando la prestación económica o empresas concertadas cobrando por estancias de personas muertas), si leemos la noticia publicada, por ejemplo en El País, vemos que el enfoque es totalmente diferente. Lo que se resalta es que algunas comunidades autónomas están enviando al Estado datos estadísticos, sin filtrar, lo que comporta que el Estado está haciendo ingresos de dinero indebido a esas comunidades.
Parece que todo se resolverá en próximas transferencias, cuando la administración central reste lo correspondiente a los difuntos. Pero en todo el artículo no se dice nada sobre la gravedad de que más de 30.000 personas fallecidas puedan estar recibiendo las prestaciones.