La Resolución de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de centros de atención de servicios sociales en el ámbito territorial del Principado de Asturias, ha sido publicada en el Boletín oficial de Asturias de 29 de junio. Ver documento.
Durante los últimos meses la tramitación de este documento ha recibido muchas críticas y aportaciones por parte de las patronales, aún así finalmente ha visto la luz un documento que comporta, según leemos en "El Comercio Digital" que Los geriátricos asturianos tendrán que aumentar sus plantillas un 60% antes del 1 de diciembre de 2011. Es decir, tendrán que pasar de contar con tres empleados por cada 10 residentes a casi cinco si los usuarios tienen la valoración más alta de dependencia: el grado III, nivel 2. Si no lo hacen, no podrán contar entre sus huéspedes con personas que cobren ayudas con cargo a la Ley de la Dependencia.
El hecho de que las comunidades autónomas vayan sacando sus normas de acreditación es algo tremendamente positivo y además obligatorio ya que los criterios de acreditación aprobados por el Consejo Territorial del SAAD son tan genéricos que son inaplicables en sí mismos. El problema es que, si se establecen criterios exigentes, el precio público que deberá pagar la administración cuando compre los servicios mediante los conciertos de plazas, deberá ser acorde con esa exigencia.
Si hacemos caso a los datos publicados en el estudio "Los Mayores en España 2008" Asturias es de las comunidades que tienen precios de concierto más reducidos. En la noticia a que hacíamos referencia se indica que el precio es de 1.229 Euros al mes y que la patronal Asacesema interpondrá un contencioso por el desequilibrio entre precio y ratios.
Por otro lado, la presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, asociada a la FED, Teresa Rodríguez, considera, en la línea de lo expuesto reitaradamente en el congreso del pasado mes de junio «lo que debe hacer el Principado es dejar de repartir pagas para el cuidador familiar y subvencionar el uso de residencias, ya que con esa política está vaciando los centros de día y arruinando a las residencias».
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