CATALUÑA: EL CAMBIO EN LAS PEV EMPIEZA A DAÑAR AL SECTOR

En esencia se trata que los beneficiarios de Prestaciones Económicas Vinculadas (PEVS) que tengan ingresos inferiores a unos 16.000 Euros tengan un "tope" en el precio que tienen que pagar por su estancia en una residencia privada. En seguida aparecieron dudas sobre la legalidad de la medida, basadas, entre otros argumentos, en que ésta, una Orden, no tenía rango suficiente como para modificar un Decreto (La Cartera de Serveis) que regula de forma totalmente diferenciada el servicio de residencia y la PEV.

El "tope" que podrían cobrar las residencias acreditadas por la estancia de un residente variaría según su nivel de depencia y sería de 1.869,41€/mes para un Grado III y de 1.596,06€/para un Grado II.

Cuando la medida se ha empezado a aplicar en la realidad las residencias se han encontrado que muy pocos residentes declaran ingresos superiores a 16.000 Euros al año,  y que muchos que ya estaban ingresados en un centro acreditado tramitando la "dependencia" y pagando cantidades de entre los 1.800 y los 2.200 Euros ahora reciben un PIA en el que les dicen que, cómo máximo tienen que pagar, sumando PEV y su aportación, 1.596€ ya que se les ha valorado como grado II o 1.869€ si son de nivel III.

Cuatro residencias han contactado ya con Inforesidencias.com explicando que esta medida, referida a los primeros residentes a los que se les ha aplicado, supone una reducción de ingresos de unos 300€/mes por residente.  Las cuatro han coincidido en que los dependientes, con sus ingresos y el PEV podían perfectamente seguir asumiento el coste de la residencia por lo que, para ellos será un beneficio el establecimiento del "tope" pero para la residencia puede poner en riesgo su subsistencia.

Un factor adicional que indican las residencias de tercera edad de Cataluña pero sobre el que es difícil encontrar fundamento estadístico es que la forma en que se valora la dependencia está cada vez más orientada hacia que salgan resultados "menos dependientes".  Muchas residencias dicen que residentes que hoy se valoran como de grado II, hace dos o tres años, con toda seguridad se habrían valorado como de grado III.

De momento ninguna de las patronales más representativas han anunciado medidas contundentes en relación con la aprobación de esta Orden, más allá de algún anuncio de negociaciones con la administración.   Esto puede ser debido a que, como en otras ocasiones, se trata de una medida que sólo afecta a una parte de las residencias.  Las que están mayoritariamente concertadas o son colaboradoras tienen como principal problema que la administración les pague y que no les "revalore a la baja" a los residentes, así, la nueva situación les afecta sólo en relación a los residentes privados que se "reconviertan en PEV"; las que se acreditaron con el sistema de mayo de 2011 ya tenían impuesto el "tope" por lo que la medida no les afecta demasiado.  Las que son totalmente privadas siguen su propio "via crucis", con una administración que ha parado momentáneamente las acreditaciones.  Por eso, supongo que las patronales estan calibrando cuál debe ser su reacción y su forma de actuar.

Es preocupante que las cuatro residencias que han contactado con Inforesidencias.com  se hayan negado a que hagamos públicos sus nombres ya que, junto con el establecimiento del "tope" y los cambios en la valoración, se están empezando a aplicar criterios nuevos de inspección que colocan a las residencias en una situación de miedo ante la reacción de la administración si se quejan.

En un acto organizado por Bufete Escura con la colaboración de Inforesidencias.com, se expusieron situaciones concretas como la de una residencia en la que una inspectora ve que hay ocho residentes en una sala  que durante doce minutos no tienen la presencia de una gerocultora con ellos y a quien se le abre expediente por no garantizar la atención directa durante 24 horas.  Esa residencia cumple con la ratio de personal de autorización y de acreditación y de hecho cuenta con personal de atención presente en el centro las 24 horas al día aunque no con personal constantemente presente en cada lugar donde haya un residente.  Según un criterio nuevo de algunos inspectores, eso es sancionable.  Sus superiores parecen apoyarles ya que los expedientes siguen.  Sancionar con varios miles de Euros que un residente lleve un cinturón homologado como contención en vez de un peto que es lo que tenía pautado (aunque toda la documentación de la contención esté correcta) o a otra residencia porque una persona que tenía pautada una contención no la tenía puesta (aunque estaba tranquila), empiezan a ser actuaciones comunes por parte de algunos inspectores (no todos).

El problema es que la conjunción de unos factores que quizás sean inconexos se muestra ante los ojos de las residencias como un intento estructurado de perjudicarlas.

El Conseller puede conjurar esta apariencia, si es falsa, con unas pocas medidas que, en esbozo, ya ha apuntado en ocasiones:  flexibilidad y confianza.  Podría empezar por enmendar la Orden recientemente publicada sin necesidad de que sea impugnada.