01/02/2006

CATALUÑA PREPARA "SU" LEY DE DEPENDENCIA

CATALUÑA PREPARA "SU" LEY DE DEPENDENCIA

La Generalitat lleva preparando desde hace más de un año lo que será nueva Ley de Servicios Sociales de Cataluña que, dentro de su articulado, recogerá entre otros aspectos una cobertura para mayores dependientes. Las claves del anteproyecto son las siguientes:

¿Cómo se accederá a los servicios sociales? Para acceder a un servicio social, el usuario deberá acudir a los servicios sociales de base (ayuntamientos y consejos comarcales). Dentro del proceso de tramitación, se practicará un diagnóstico por parte de profesionales especializados del Departamento de Bienestar y Familia. Éstos determinarán las necesidades del solicitante y le asesorarán sobre los servicios a los que tiene derecho.El usuario podrá elegir qué prestaciones de las ofertadas prefiere. La Generalitat ampliará los equipos de evaluación hasta llegar a los 356 profesionales dentro de ocho años.

- Cartera de prestaciones. Las residencias no se considerarán derecho universal hasta un momento posterior. En los dos primeros años de despliegue de la ley, entre 2007 y 2008, cinco prestaciones serán consideradas un derecho universal, de manera que el usuario que las necesite y no pueda acceder a ellas podrá denunciar a la Generalitat. Se trata del servicio de atención y diagnóstico por parte de los equipos especializados, la teleasistencia domiciliaria, la atención precoz a los menores con riesgo de discapacidad, la atención diurna a las personas discapacitadas en centros de día o centros ocupacionales y la atención a los menores en situación de riesgo social. Esta primera cartera de servicios se revisará todos los años para ampliarla y reflejar las nuevas prestaciones en los Presupuestos de la Generalitat.

- Atención domicliaria. Se trata de uno de los puntales de la ley, que recoge el sentir de la mayoría de ancianos, que prefieren envejecer en casa antes que en una residencia. En sólo tres años, se triplicará el número de personas dependientes atendidas en su domicilio (de las 31.000 personas actuales se pasará a 93.000) y se duplicará el número de horas que los profesionales destinarán a este servicio. La atención domiciliaria es competencia de los ayuntamientos y consejos comarcales, a los que el Departamento de Bienestar transfiere un tercio del coste de este servicio. Con la nueva ley, la aportación de la Generalitat a la Administración local se ampliará hasta el 60% de lo que ésta invierte para prestar la atención domiciliaria.

- Asistente personal. Se trata de un cuidador que el propio usuario contratará (con financiación pública) para que le ayude en las tareas cotidianas que no puede realizar debido a su elevado grado de discapacidad o a su estado físico deteriorado por la edad. Se trata de una figura a la que podrá acogerse un familiar de la persona dependiente, que en la práctica ya le presta ayuda. Para ello deberán darse de alta en la Seguridad Social y seguir un cursillo que les acredite como cuidadores familiares. Lo mismo deberán hacer aquellas personas, muchas de ellas inmigrantes, que ejercen este trabajo sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, lo cual contribuirá a que aflore un sector sumido en gran medida en la economía sumergida. Se calcula que cuando finalice la implantación de la ley, unas 7.000 personas ejercerán de cuidadores personales con una dedicación de 20 horas semanales.

- Copago. Como ocurre en la actualidad, la mayoría de los servicios exigirán una aportación económica del usuario, que no superará el 30% del coste de la prestación. El gran cambio es que para determinar en qué medida debe colaborar económicamente el beneficiario, la Generalitat no tendrá en cuenta la renta familiar, como ocurre ahora, sino únicamente la del propio usuario. De esta forma los hijos y cónyuges dejarán de participar en el copago. Quedan fuera del copago las ayudas destinadas a la atención a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, la teleasistencia o la atención precoz a menores con riesgo de discapacidad.

- Plazas residenciales. Un año después de la implantación de la ley, el número de plazas residenciales para personas mayores habrá aumentado el 17% respecto a 2005, con un total de 27.055 plazas de financiación pública. El aumento será mayor, del 80%, para las plazas residenciales para discapacitados (que llegarán a ser 5.371).

Parece que, contra el parecer de buena parte de los expertos y de las políticas más avanzadas de otras comunidades autónomas, la Generalitat apostará por la construcción de equipamientos públicos en vez de apoyarse de forma decidida en un sector privado que ya tiene construidas plazas de calidad que, hoy por hoy están vacantes.

- Impacto sobre la economía. Los cálculos realizados por el Departamento de Bienestar y Familia en relación con el impacto de la nueva ley sobre la economía productiva catalana son ambiciosos: en 2015 se habrán creado 53.000 nuevos puestos de trabajo: 2.769 técnicos superiores (psicólogos, pedagogos, sociólogos, entre otros), 9.173 técnicos de grado medio (trabajadores y educadores sociales, enfermeros...), y otros 40.961 auxiliares (trabajadores familiares, asistentes personales o auxiliares geriátricos).

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Texto del anteproyecto (En Catalán)

Texto de la memoria económica del anteproyecto (en Catalán)