El pasado 8 de agosto la central sindical Comisiones Obrera se ha posicionado sobre la dependencia emitiendo una nota que pone de manifiesto cuáles deberían ser las líneas básicas de la acción del gobierno respecto a la atencion a personas mayores en España:
En los últimos diez años el panorama de los servicios sociales para personas mayores en España ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, dado el bajísimo punto de partida y la intensificación de los procesos de envejecimiento y en especial, "el envejecimiento del envejecimiento", es decir los mayores de 80 años, la oferta de servicios ha ido muy por detrás de la demanda.
A pesar de ese crecimiento de la oferta, la evolución ha sido desigual
y desequilibrada, priorizando la oferta residencial antes que los programas
de apoyo al envejecimiento en casa, produciéndose cuellos de botella,
con una cierta inflación de la demanda de plazas residenciales para situaciones
de dependencia leve o moderada, por no haber suficientes recursos desinstitucionalizadores.
Ese desarrollo desequilibrado dificulta la adecuada derivación de un
recurso a otro, en función de la evolución de la situación
de la persona mayor y obliga, a veces, a mantener un tipo de servicio que es
inapropiado para al situación concreta del usuario.
Un mayor y mejor desarrollo de los programas de ayuda a domicilio, centros de
día, viviendas tuteladas, etc., reduciría de manera sensible la
actual presión sobre las plazas residenciales.
La limitada oferta de plazas residenciales públicas (gestión directa
y concertada), tan solo el 43% del total de las plazas existentes y los precios
muy elevados para el poder adquisitivo medio de la población mayor en
la oferta exclusivamente privada, está obligando a decenas de miles de
familias a tener que afrontar los cuidados de sus mayores en situación
de dependencia.
Conviene recordar que los precios de la oferta privada de una calidad media
oscilan entre los 1.200 euros/ mes y los 1.500 euros al mes. La oferta de mayor
calidad se sitúa por encima de los 2.000 euros. La oferta por debajo
de los 1.000 euros al mes, tiene claras limitaciones de calidad en la atención
y en muchos casos muy importantes carencias. Aunque hay diferencias territoriales
y también en función de la tipología de la plaza, nivel
de autonomía/dependencia del usuario, etc., basta comparar estos precios
con la realidad de la mayoría de las actuales pensiones para explicar
el porqué de la fuerte demanda de plazas residenciales de titularidad
pública.
Debiendo ser la función de las residencias la atención a las personas
dependientes o en proceso de dependencia, todavía una de cada tres plazas
residenciales no son para personas válidas, por lo que resulta imprescindible
la reconversión de plazas de válidos en asistidos, con las necesarias
adaptaciones arquitectónicas, de prestación de servicios y de
dotación de plantillas. A pesar de ello, una parte de las actuales residencias
de válidos, por sus características son difícilmente reconvertibles
en residencias asistidas o la reconversión tiene unos costes ineficientes.
Esta realidad requiere un cambio profundo que solamente será posible
a partir de la aprobación de una Ley de Atención a la Dependencia,
que reconozca como un derecho subjetivo para toda la población el acceso
a recursos sociales y sociosanitarias adecuados y suficientes.
Para CCOO las líneas básicas de crecimiento de los servicios sociales
de atención a las personas mayores en España deberían ser: