Culpan a algunas comunidades autónomas de hacer caja con la dependencia

¿Están cumpliendo la AGE y las CCAA sus compromisos de financiación con la Ley, y en qué medida?; ¿el mayor o menor grado de cumplimiento financiero en los diferentes territorios autonómicos, está provocando de facto situaciones de inequidad en la aplicación?; ¿tienen razón al quejarse algunas CCAA (si no todas) de insuficiencia financiera por parte del Estado?; ¿se puede afirmar realmente que la arquitectura financiera de la Ley es insostenible?; y finalmente, ¿qué consecuencias reales está teniendo todo ello para el sistema de Servicios Sociales y para los titulares de los derechos consagrados en la Ley 39/2006?

A estas preguntas quiere dar respuesta el informe FINANCIACIÓN Y COSTES DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA hecha pública recientemente por parte de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.

El informe ha tenido una gran repercusión mediática, sobre todo en lo que se refiere a Baleares, Canarias y Murcia, comunidades que, según el estudio estarían poniendo en el sistema de la Dependencia mucho menos de lo que les corresponde.

Lo mejor es leer el informe, que la Asociación nos ha enviado para colgar en la Geriateca de Inforesidencias.com , y juzgar por uno mismo.