DEFENSA DE LA COMPETECIA VIGILA EL SAD

Algunas administraciones, sobre todo ayuntamientos, convocan concursos de atención domiciliaria con unos precios por debajo del coste que supone prestarlos pagando a los trabajadores el salario que marca el convenio colectivo del sector.

Para evitar que eso suceda (lo que los sindicatos llaman "dumping social"), en Cantabria en 2004 y después en muchos otros sitios, el convenio colectivo establece un precio mínimo y obligatorio para ofertas a las entidades públicas. O sea, que ninguna empresa dentro del ámbito del convenio puede presentarse a un concurso con una oferta económica inferior a la que marca el mismo convenio. Está claro que la negociación colectiva no es el lugar adecuado para determinar el precio mínimo al que la empresa ha de vender los productos o servicios que produce, aun así, tanto empresas como sindicatos consideraban que era una forma adecuada de mantener un orden en la externalización de servicios públicos.

El problema es que, como decíamos, la negociación colectiva no es el lugar adecuado para determinar el precio mínimo al que la empresa han de vender los productos o servicios que producen. Es más, las empresas no pueden pactar entre ellas el precio mínimo al que venden sus productos porque eso atenta contra la competencia, lo cual puede ser una infracción administrativa o incluso un delito. Se parte de la base de que la competencia es buena y que pactar precios entre productores, en vez de competir entre ellos, siempre perjudica al usuario.

Con ese razonamiento las autoridades de defensa de la competencia sancionaron a empresarios y sindicatos cántabros y ahora están empezando a revisar una serie de convenios entre los que se encuentran los que regulan el SAD.

Los sindicatos se han llevado las manos a la cabeza y preparan una batería de actuaciones. Los empresarios buscan un marco estable que les permita ofrecer sus servicios y, las administraciones, que han causado el problema, mira hacia otro lado, con algunas excepciones. Leemos en El Correo Digital, refiriéndose a Vizcaya, que la hora de servicio cuesta 21 euros hoy y que para 2012 el coste será de 30 euros.

Vale la pena reflexionar sobre el tema ya que seguro que traerá cola.

Información en el Periódico

Dictamen jurídico en Torrelavega en el que se dice que el ayuntamiento no tiene porqué comprobar porqué las empresas se presentan con precios similares.