Ya habíamos hablado de este tema en dos ocasiones (primera y segunda). La cuestión es que el servicio de Salud de Castilla la Mancha ha llegado a un acuerdo con la asociación que agrupa a los colegios de farmacéuticos de las diferentes provinciasm estableciendo un sistema de dispensación de absorventes que en la práctica genera que las personas que vivan en residencias tengan asignadas una farmacia en concreto. Fertecam, patronal catellanomanchega de residencias consideró que este pacto limitaba el derecho de elegir oficina de farmacia y, al parecer, también una farmacéutica que quedaba fuera del sistema dijo que el pacto iba contra la competencia.
Ahora, según leermo en Correo
Farmacéutico, la cosa ha avanzado con la entrada de la Comisión
Nacional de Competencia (CNC) que considera, en un dictamen no vinculante previo
a la decisión definitiva que corresponede al Consejo de la CNC, que el
acuerdo firmado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y el
Consejo autonómico de COF por el que se establecen los turnos de atención
farmacoterapéutica a residencias públicas y privadas por las oficinas
de farmacia y en el que se recoge un 6 por ciento de descuento a la Administración
"se enmarca dentro de los acuerdos prohibidos por el artículo 1
de la Ley de Defensa de la Competencia".
El asunto tiene calado ya que,según explica correo Farmaceutico Catorce
de las diecisiete comunidades autónomas tienen un acuerdo de descuento
en dispensación de absorbentes de incontinencia urinaria o tiras reactivas
para el control de la diabetes y, en concreto, Castilla-La Mancha y País
Vasco tienen pactado con la Administración sanitaria descuentos del 6
y 7 por ciento, respectivamente, en la prestación del servicio a residencias
sociosanitarias. Teniendo esto en cuenta, el informe emitido por la Dirección
de Investigación de Competencia en el que considera que el acuerdo firmado
entre el Sescam y Consejo de COF de Castilla-La Mancha vulnera el artículo
1 de la Ley de Defensa de la Competencia se torna aún más relevante.
A la espera de la resolución final de la Comisión Nacional de
Competencia, un pronunciamiento similar supondría invalidar cerca del
80 por ciento de los convenios firmados entre administraciones autonómicas
y colegios profesionales. La búsqueda del ahorro ha sido el motivo fundamental
que ha impulsado a las comunidades a firmar este tipo de pactos, a los que los
colegios no se han negado por temor a que el servicio pasara a manos de los
hospitales o de empresas públicas.