GUERRA DE CIFRAS DE LA DEPENDENCIA

Una de las constantes en el último congreso de la FED fue la guerra de cifras entre el gobierno del Estado, la patronal y algunas comunidades autónomas. Veamos cómo lo ha recogido el Diario Montañés

Diez meses después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia, el llamado 'cuarto pilar' del estado del bienestar llega con lentitud y de forma desigual a los beneficiarios. Hay quien dice que ni llega, como la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que esta semana proclamó que «nadie», ni un sólo usuario, está recibiendo las prestaciones o ayudas previstas en la Ley .

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contraataca con cifras. A 30 de septiembre, 100.315 españoles habían sido catalogados como grandes dependientes por sus respectivos servicios sociales autonómicos y disponían ya de las prestaciones previstas en la ley -residencias geriátricas, centros de día, teleasistencia, atención a domicilio- acordes a su situación; en algunos casos las ayudas son económicas a cuidadores familiares o para contratar los servicios por su cuenta. «Están (registrados) todos los beneficiarios con nombres, apellidos y el tipo de servicio que se les presta», recalcan portavoces de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.

El Ministerio recopila los datos que facilita cada comunidad autónoma sobre el número de sus respectivos beneficiarios de la ley. En Ceuta y Melilla, únicos territorios donde los servicios sociales no están transferidos, hay ya 664 grandes dependientes evaluados y atendidos; a 633 se les presta los servicios requeridos y 31 reciben las ayudas económicas para sus cuidadores familiares. A finales de septiembre, Madrid y Murcia eran las únicas comunidades que no habían comunicado las cifras de personas evaluadas como grandes dependientes -que necesitan ayuda externa varias veces al día para funciones básicas como comer, beber, asearse o vestirse-. «Aunque eso no quiere decir que les estén ya prestando los servicios», aseguran.

Menos contemporizadora, la secretaria de estado, Amparo Valcarce, trazaba días atrás un ranking de la aplicación de la Ley de Dependencia. La gestión de la ley «es sobresaliente en algunas autonomías, notable en otras y en otras es suficiente», afirmó. Andalucía, Extremadura, Cantabria y Baleares son los alumnos aventajados. Madrid, dijo, figura a la cola de la clasificación. Días después, la consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales, María Gádor Ongil, replicó a la puya. «La Comunidad de Madrid va por delante del Gobierno» en la aplicación práctica de la ley porque «casi el cien por cien de los grandes dependientes de la región ya estaban siendo atendidos por el ejecutivo autonómico», apostilló. Fuente Original

Concretando en la Comunidad de Madrid:

El vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirmó hoy que la dotación que esta región recibirá para aplicar la Ley de la Dependencia, que cifró en 23 millones de euros, es una aportación 'prácticamente insignificante' en comparación con 'los 700 millones de euros' anuales que el Ejecutivo autonómico invierte en esta materia.
Además, aseguró que 'a día de hoy' ni Madrid ni 'otras muchas' comunidades autónomas han recibido 'un solo euro' para financiar las ayudas que contempla la nueva normativa, lo que le llevó a acusar al Gobierno de actuar con 'demagogia y humo' en este asunto.
'Madrid está cumpliendo con sus obligaciones y, además, muy por encima de ellas, tal y como están en la Ley de Dependencia. El problema es que el Gobierno también tiene que cumplir con sus propios compromisos y no lo ha hecho', dijo González en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
González dijo que el Gobierno autonómico está 'haciendo ya evaluaciones de dependientes pero falta' que el Gobierno concrete 'algunos aspectos' de la evaluación y del copago. En este punto, advirtió que hasta ahora la Comunidad de Madrid da atención gratuita a los dependientes, por lo que exigió al Ministerio de Asuntos Sociales que diga 'cuándo hay copago, cuánto hay que pagar y a quién de los que actualmente están recibiendo la prestación de forma gratuita les vamos a exigir el cobro'.
'Todas estas cuestiones el Gobierno las oculta, no las desarrolla y no las pone encima de la mesa, imagino que porque tiene un calendario electoral a seis meses y es mucho más interesante entrar en la descalificación', agregó el vicepresidente primero, según el cual 'hay 150.000 personas dependientes en nuestra comunidad que reciben ayuda desde hace ya muchos años por la política social' del Gobierno regional. Fuente Original

Estas palabras pueden contrastarse con las del Ministro Caldera en Madrid Diario: El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo este miércoles que la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las únicas que "no están haciendo nada por aplicar esta norma" en sus territorios.

Y ¿Qué dicen en Murcia? Lo vemos en Euorpa Press: El consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, aseguró hoy que la Región de Murcia va "en cabeza" dentro del conjunto de comunidades autónomas en la "preparación" de instrumentos para aplicar la Ley de Dependencia y subrayó que ha constatado esa circunstancia tras conversaciones con altos cargos de Andalucía, Galicia y Cataluña.
"No entregaré los datos de solicitudes de dependencia y valoraciones hasta que haya un acuerdo de convenio, porque recibir el dinero sin saber como se aplica no sirve de nada", apuntó Bascuñana, quien resaltó el buen trabajo respecto a la ley de dependencia "pese a los intentos de engaño" de la oposición, en la presentación de los presupuestos regionales de su departamento para el año 2008.
Estos presupuestos ascienden inicialmente a 262.990.620 euros, con un incremento del 18,2 por ciento respecto a los del presente año y que el consejero aseguró que están "abiertos" para acoger el año que viene la cobertura de nuevos casos de dependencia, creación de plazas de mayores, discapacitados y otros colectivos. Fuente original

Si la Ley de Dependencia necesita del acuerdo leal entre comunidades autónomas y Estado para elaborar los convenios. ¡Lo llevamos claro los ciudadanos!