LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DENUNCIA EL RECORTE EN SERVICIOS SOCIALES

Los informes de los observatorios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales suelen tener un eco mediático enorme.  Se trata de documentos extensos en los que se desgranan presupuestos y se somete a la actividad de las comunidades autónomas a un examen basado en unos criterios establecidos por la asociación.

En el último informe, publicado recientemene, la puntuación obtenida por las comunidades muestras datos dispares: Euskadi, con 7,5 puntos y una calificación de "Medio Alto” y Castilla y León, con 6,65 puntos y una calificación de "Medio”, son las mejor valoradas. La Comunidad de Valencia continúa a la cola, con una puntuación de 0,6 puntos sobre 10 y una calificación de "Irrelevante” para sus servicios sociales.

Lo que suele suceder con posterioridad es que las comunidades peores valoradas manifiestan quejas sobre la metodología o denuncian algún error.

Lo relevante es que, aunque la asociació pueda tener algún sesgo, una entidad que no es gubernamental hace un esfuerzo por analizar y comparar cómo las diferentes comunidades gastan el dinero de todos.

Aquí está lo que han difundido para presentar el informe:

Ningún servicio registra un incremento de cobertura en los últimos años; ni siquiera una prestación tan necesaria en estos momentos, como las Rentas Mínimas de Inserción, tiene el incremento que cabría esperar, como pone de manifiesto el último dato oficial conocido, correspondiente al año 2012.

Una perspectiva poco optimista

La reducción del gasto en servicios sociales en los últimos años muestra una clara tendencia a empeorar; y con ella, sin duda, la reducción en la oferta de servicios y prestaciones del Sistema. Existen además elementos preocupantes que apuntan a que estas perspectivas negativas se pueden agudizar en este año 2014 y en los siguientes. Especialmente por los efectos que va a tener -de hecho ya está teniendo-, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que va a suponer el deterioro o la supresión de muchos servicios y prestaciones.

En los dos últimos años (2013 y 2014) no se aprobado ninguna nueva Ley de Servicios Sociales, ni tampoco ningún Catálogo ni Plan Estratégico. Por el contrario, algunos Planes han perdido su vigencia. Pero lo más preocupante es constatar que en Comunidades Autónomas que aprobaron leyes que reconocen derechos subjetivos ("garantizados”) y establecieron herramientas para su concreción normativa ("Catálogos”), no sólo no han tenido los efectos que cabría esperar, sino que se encuentran entre las que registran mayores retrocesos en sus servicios sociales.

Es manifiesto el carácter "antisistema” de estas prácticas: ¿cómo puede un gobierno exigir a sus ciudadanos/as que cumplan las leyes, si los propios gobiernos las vulneran cuando les conviene, sin que ello les suponga penalización alguna? ¿Cómo pedir confianza en las instituciones, cuando las instituciones utilizan toda una maraña de procedimientos para dificultar el acceso o impedir en la práctica que los/as ciudadanos/as reclamen sus derechos subjetivos a los servicios sociales, cuando estos se ven vulnerados, incumpliendo de forma impune y descarada sus propias leyes?

Extraordinaria disparidad entre Comunidad Autónomas

El Índice DEC pone cifras a lo que es una evidencia palpable: la extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados en este sistema básico de protección social, lo que, sin duda, constituyen una violación de la igualdad consagrada en al art. 9.2 de la Constitución. Estas son algunas de las diferencias más notables:

·        Un trabajador de plantilla en los servicios sociales básicos municipales por cada 720 habitantes en Navarra, uno por cada 7.916 en la C. de Madrid.

·        El 2,50% de la población recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia en La Rioja, el 0,54% en Canarias.

·        Sólo un 1,7% de personas a quienes se ha reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, y ¡un 52,7% en Canarias!

·        Uno de cada 16,9 personas residentes en el País Vasco se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Castilla-La Mancha sólo uno de cada 355,8 residentes.

·        La cuantía que percibe un beneficiario de estas Renta Mínimas de Inserción en Cataluña supone un 21,8% de la renta media por hogar en esa Comunidad, y sólo un 5,35% en la Comunidad Valencia.

·        En Castilla y León hay 7,23 plazas residenciales (residencias geriátricas) por cada 100 personas mayores de 65 años. En Murcia sólo 2,29.

·        En el País Vasco hay 127,76 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 17,48.

Estas diferencias tienen su origen en una extrema disparidad en el gasto en servicios sociales que realizan las Administraciones Públicas en cada territorio:

·        541,24 € por habitante y año en 2013 en el País Vasco, frente a los 196,13 de la Comunidad Valenciana.

·        El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales extremeñas en materia de servicios sociales representó en 2013 un 2,57% de su PIB regional, mientras que en la Comunidad de Madrid sólo un 0,93%

·        El gasto en servicios sociales en la Comunidad Autónoma y en las Entidades Locales de Castilla-La Mancha en 2013 supuso un 9,67% del total del gasto de estas Administraciones. En la Comunidad de Valencia sólo un 5,89%

·        En 2013 el Gobierno de Asturias financiaba el 47,5% del gasto en servicios sociales que realizan las entidades locales de su territorio, mientras que el Gobierno de Aragón sólo un 8,05%.

El desarrollo de los servicios sociales es resultado de formas de organización y gestión eficientes y no solo de un mayor gasto: la descentralización y el protagonismo local son determinantes para la eficacia y eficiencia del Sistema

La aplicación del Índice DEC en 2014 confirma que no necesariamente las Comunidades con mayor gasto en servicios sociales ofrecen más prestaciones y servicios: Extremadura y Castilla-La Mancha, las Comunidades que mayor porcentaje de su PIB regional dedican a servicios sociales (2,57% y 2,15% respectivamente), no alcanzan 5 puntos sobre 10 en cobertura (3,8 y 4,5 respectivamente). Sin embargo, Castilla y León, que dedica un 1,68% de su PIB a servicios sociales, y Aragón, que dedica un 1,24% (menos de la mitad que Extremadura), tienen mayor cobertura de prestaciones y servicios sociales (7,3 puntos sobre 10 Castilla y León, 5,9 Aragón). También en términos absolutos, la comparación resulta obvia: Extremadura, con 376,86 € por habitante en 2013 y Castilla-La Mancha, con 369,12 €, gastan más que Castilla y León (357,33€) y que Aragón (295,80€); sin embargo, su oferta de prestaciones y servicios es mucho menor.

Tanto Castilla y León como Aragón son Comunidades con gran protagonismo de sus entidades locales en la gestión de los servicios sociales. Extremadura, por el contrario, tiene estructuras más centralizadas, especialmente en la gestión de su Sistema de Atención a la Dependencia, y Castilla-La Mancha, con la gestión autonómica directa de buena parte de las estructuras básicas de servicios sociales.

Así se demuestra que centralizar la gestión de los servicios sociales no sólo no contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos, como argumenta en la Exposición de Motivos la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sino que además de ser socialmente negativa, sus efectos son antieconómicos, encareciendo la gestión del Sistema.

Por eso son preocupantes los efectos que pueden tener dicha Ley, particularmente en los dos próximos años, ya que ha generado un escenario de profunda incertidumbre para los servicios sociales en el ámbito local. Sólo un acuerdo institucional en base a una interpretación amplia de las competencias locales que la nueva Ley establece en esta materia, puede garantizar el mantenimiento de los servicios sociales y evitar su demolición.

Extraordinarios déficit de información en materia de servicios sociales

Algunos indicadores con los que se elabora el Índice DEC están condicionados por la mala calidad, el retraso o, lisa y llanamente, por la falta de información a nivel oficial en materia de servicios sociales:

Inexistencia de datos: Sigue sin existir datos oficiales sobre servicios sociales como la atención a las personas con discapacidad, que impide conocer algo tan básico como el número de plazas residenciales, en centros de día u ocupacionales que existen para este colectivo, o las plazas. De la misma manera, en ninguna fuente oficial se puede saber, a fecha de hoy, cuántas plazas de acogida hay para mujeres víctimas de violencia de género.

Retraso en la información. Algunos datos más actualizados que ofrece el Ministerio son del año 2011, como los datos sobre residencias de personas mayores, el servicio de ayuda a domicilio o las estadísticas del Plan Concertado. Todo este déficit de información supone una quiebra del derecho ciudadano a la información y un gravísimo problema para poder valorar o planificar racionalmente el desarrollo de los servicios sociales.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha tenido que solicitar directamente esta información a las propias Comunidades. 13 Comunidades, que suponen el 79,4% del total de la población española, han respondido a esta solicitud (todas salvo Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Valencia). Si una entidad sin ánimo de lucro, que no recibe subvención alguna y que realiza su trabajo con el esfuerzo voluntario de sus miembros es capaz de conseguir esta respuesta, queda en evidencia la falta de voluntad o la absoluta incompetencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para crear un conjunto homogéneo de datos.