10/09/2011

LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES MUY CRÍTICA CON LA APLICACIÓN DE LA LAPAD

La Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales ha hecho pública una nota en la que crítica severamente la aplicación que de la Ley de Dependencia, también conocida como lapad, hacen algunas comnidades autónomas. 

La nota, que reproducimos a continuación, salva totalmente de la censura al Gobierno de España al que no menciona ni una sola vez y, tras analizar qué comunidades menciona, cuesta no situarla en el actual contexto preelectoral.  Que cada uno saque sus propias conclusiones: 

Más de un millón de personas tienen reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio en virtud de la Ley de Dependencia; 700.000 ya lo reciben. Los últimos datos oficiales de este mes de septiembre evidencian el estancamiento y ralentización del Sistema de Atención a la Dependencia. En algunas Comunidades, como la Valenciana,  incluso se retrocede en numero de beneficiarios y en varias ni se reponen las ayudas que han dejado de prestarse por fallecimiento, manteniendo el "limbo” de la dependencia en más de 300.000 personas que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles una prestación o servicio (en Canarias casi el 60% esta en lista de espera).

Mientras tanto en Castilla La Mancha –una Comunidad Autónoma que llevó a cabo importantes esfuerzos en la aplicación y desarrollo de la Ley, el nuevo Gobierno de la Sra. Cospedal ha decidido no abonar las prestaciones de los dependientes desde junio. Entiende que no es un pago prioritario, como lo son las pensiones no contributivas o sus propios sueldos, y les da el carácter de pago ordinario como se hace con cualquier proveedor. (No es lo mismo que se retrase el pago a una empresa que suministra papelería, por desesperante que resulte, a la villanía de no abonar la prestación a una persona dependiente con la que paga a su cuidador o la factura de la residencia donde vive). La angustia e inseguridad con que viven las personas dependientes y sus familiares estas situaciones son dramáticas.

También los datos corroboran que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de muchos casos. Claro está que dependiendo de la Comunidad Autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa.  En estos días de tanto (o tan poco) debate sobre la reforma de la constitución, resulta que esta se conculca alevosa y silenciosamente al prestarse desde la Comunidades Autónomas unos servicios y prestaciones de muy diferente intensidad y cobertura. Eso es una inequidad que resulta inadmisible y que enfurece –impotente- a la ciudadanía en situación más vulnerable.  

Por su parte, CIU insiste en el Parlamento que hay que repensar la Ley, cuando desde que dicha formación gobierna en Cataluña, el desarrollo del Sistema ha sido ralentizado y menospreciado al punto de llegar a decir el Presidente que la atención a los dependientes es un lujo que no nos podemos permitir. Gestionen diligentemente la Ley y atiendan a 61.949 catalanes dependientes que están en lista de espera desde hace meses, de lo contrario pensaremos que en lugar de repensar quieren recortar –como ya está haciendo el Gobierno del Sr. Mas-.

Por supuesto que tenemos serios problemas de déficit de las Administraciones y que hay que tomar medidas urgentes. Pero no es menos cierto que una buena cobertura de la atención a la Dependencia supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico, generación de empleo asociado al sector de los cuidados personales, ahorro en prestaciones por desempleo y obtención de retornos fiscales.

De acuerdo, repensemos la Dependencia. Cambiemos el modelo mental de pensar en los servicios sociales como un gasto cuando constituyen una inversión muy necesaria.