18/06/2015

La Asociación de Directores opina sobre el estudio de la Ley de Dependencia que encarga el parlamento

Difundimos una nota de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales  con su opinión sobre un informe que ha encargado el Congreso de Diputados sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.  Esta información puede completarse con un artículo de opinión de Josep de Martí:

 

El Grupo Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a realizar "un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” (B.O.C.G. nº:666 – 162/001236)

Bienvenidos sean cuantos estudios se quieran hacer sobre una política social tan vital para millones de personas en España como tan dinamitada ha sido en los últimos años por el Gobierno.

Desde el punto de vista competencial, el Congreso de los Diputados es muy dueño –faltaría más- de instar a quien guste a realizar estudios, pero tal y como dispone la propia Ley en su artículo 8, "…el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos”, es una función que corresponde al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. No parecería procedente hurtar al Órgano participado por el Ministerio y por las Comunidades Autónomas una función que le es propia; ninguneando a las Administraciones protagonistas en la gestión de la atención a la dependencia. Esperemos que, en coherencia con la propia Ley, el Gobierno, a su vez, remitirá el encargo parlamentario al citado Consejo Territorial.


 

Desde el punto de vista de la gestión, la exposición de motivos del texto de la Proposición firmada por D. Rafael Hernando, contiene –cómo no- un cierto sesgo victorioso sobre la buena gestión del Partido Popular en Dependencia que pude resultar hasta insultante: "En la actualidad, hay 743.767 beneficiarios, 5.180 más que a 31 de diciembre de 2011. Desde el año 2012 se han producido un total de 319.736 nuevas incorporaciones (…)”.

Se obvian sistemáticamente los gravísimos problemas ya reconocidos por beneficiarios, profesionales, entidades implicadas y hasta por organismos internacionales. Todo el mundo lo ve… menos el Gobierno. Citaremos aquí una docena de ellos:

1º.- El modelo de financiación del sistema es tramposo. A día de hoy las aportaciones de las Comunidades Autónomas y de los usuarios (copago) han de ser calculadas mediante estimaciones, abundando ello en una ceremonia de la confusión.

2º.- La financiación estatal (estimada actualmente en un 18%) incumple el compromiso legal y es claramente insuficiente, lo que se ha empeorado con un brutal recorte que el Gobierno reconoce sin ambages en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 que, refiriéndose al impacto de la reforma de la Ley de Dependencia mediante el RD-ley 20/2012 de 13 de julio, dice lo siguiente: "Las medidas contenidas en este RDL acometían mejoras para garantizar la sostenibilidad, y han permitido alcanzar los objetivos de ahorro presupuestario previstos para el periodo 2012-2014. Así, el ahorro acumulado desde julio de 2012 hasta 2014 se estima en 1.473 M€.” (PE 2015-18. p. 82).

3º.- La falta de inversión estatal en la atención a la dependencia ha provocado en las Comunidades Autónomas unas tensiones presupuestarias insoportables ya que son las administraciones que deben hacer efectivos en última instancia los derechos de las personas en situación de dependencia.

4º.- Ello ha perjudicado muy seriamente al resto de los Servicios Sociales en un momento crítico considerando los devastadores efectos de la crisis en las familias españolas. La falta de respuesta en el avance de la pobreza tiene parte de su explicación ahí.

5º.- Fruto de las "reformas” y recortes, el sistema ha colapsado (ver gráficos) de manera que los nuevos atendidos no lo han sido en virtud de su derecho, sino que dependen de las bajas que se producen en el sistema. Esto ha provocado que muchas personas fallecieran sin hacer efectivo su derecho a servicios y prestaciones. Esta tragedia ha resultado muy "conveniente” para reducir de las listas de espera (lo que inexplicablemente se sigue vendiendo de forma cruelmente triunfalista).

6º.- Las diferencias entre territorios en aspectos tan básicos como la valoración, el plazo de acceso a los servicios o los diferentes copagos, son escatológicas. Hay dependientes de primera, segunda o tercera, dependiendo de la comunidad en que se resida.

7º.- Los servicios y prestaciones previstos en la Ley no dan respuesta eficaz a muchas de las necesidades reales de autonomía personal ni suponen una atención a la dependencia con suficiente intensidad o calidad. En esto hay muchísimo camino por recorrer.

8º.- Los plazos de implantación progresiva de la Ley se han modificado ¡tres veces! Si el próximo 1 de julio, todas las personas en situación de dependencia tienen a derecho servicios y prestaciones, supondrá sumar 445.000 personas a las 743.000 atendidas actualmente. Indicar en la PNL que se ha culminado la implantación cuando se deben incrementar los atendidos en más del 60% en seis meses, supone una ingenuidad que ojalá tuviese una base seria.

9º.- La mala implantación de la Ley de dependencia merece un análisis profundo del impacto negativo de género. La OCDE lleva tiempo alertando sobre la intensidad desmedida de los cuidados familiares en España (asumidos casi exclusivamente por mujeres). La supresión de las cotizaciones a la seguridad social para cuidadoras familiares unida a la ausencia de medidas de conciliación; la falta de apoyos a las familias o a la ausencia de promoción de los cuidados prestados por varones, hacen que los cuidados familiares no sean una opción vital fruto de elección libre, sino una condena con implicaciones personales, morales y económicas gravísimas.

10º.- La tan cacareada atención socio-sanitaria no ha pasado del plano del bello discurso y supone dos amenazas importantes: una puerta a la mercantilización de la sanidad (creando "aparcaderos” de pacientes crónicos de gestión privada bajo la apariencia de atención socio-sanitaria) o la fagocitación de buena parte de los servicios sociales por el sistema sanitario (incrementando torpemente su gasto este último cuando podría optimizarse mucho). En todo caso, es un camino imprescindible a explorar pero con criterios claros y transparentes en los que se anteponga a las personas, sus derechos y la calidad de las atenciones a todo lo demás.

11º.- Un mal sistema público de atención a la dependencia en España favorece el avance de subproductos financieros (seguros privados de dependencia) con pingües ventajas fiscales, y cuya aportación al Estado de Bienestar debe ponerse seriamente en duda.

12º.- El coste de oportunidad que ha tenido la desinversión en la Ley de Dependencia es demoledor. Si en 2013 el Gobierno hubiese invertido 1.200 Millones de euros más en servicios de atención a la dependencia (en lugar de recortar), habría logrado generar más de 70.000 puestos de trabajo netos, habría incrementado el número de atendidos en 90.000 personas (evitando grandes sufrimientos y esperas) y, finalmente, habría recuperado en un año mediante retornos directos, indirectos e inducidos casi la totalidad de la inversión, incrementando el déficit público en tan solo en 100 millones de euros.

Nos encanta que el Grupo Popular en el Congreso encargue un estudio.

A lo mejor descubren que el paradigma de tener el sistema de atención a la dependencia que nos podamos permitir ha de ser sustituido por otro más inteligente: España no se puede permitir carecer del mejor sistema de atención a la dependencia de toda Europa.