La desigualdad en la aplicación de la Ley de Dependencia
28/05/2018
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida como Ley de Dependencia, supuso en 2006, año de su promulgación, el establecimiento del tercer pilar del sistema de bienestar (los otros dos son sanidad y educación).
Doce años después, tras años de gestión desigual según las comunidades autónomas y los recortes que desde 2012 aplica el Gobierno, la situación de los beneficiarios y de los que tienen derecho y están en espera varía mucho según donde vivan.
Las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas son las
financiadoras de 8 de cada 10 euros públicos que se destinan a la
dependencia, cuando debería ser una aportación a partes iguales con el Estado.
Además, la aplicación ha evolucionado de manera desigual.
El último Informe de seguimiento de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que acaba de presentar Comisiones Obreras (CC. OO.) con datos de marzo de 2018 que reflejan que la media de cobertura es del 23,25 %. Pero esto esconde realidades tan dispares como que en Castilla y León las personas en lista de espera no llegan al 3 %, mientras que en Canarias, Cataluña o Andalucía superan el 30%. Las diferencias en la cobertura llegan a ser de más del 900 %.
Canarias, Cataluña, Andalucía, La Rioja y Extremadura superan la media, alrededor de ella están Aragón, Madrid, Cantabria, País Vasco y Navarra. Canarias es la región donde más beneficiarios esperan algún tipo de prestación y donde más personas están pendientes de valoración. De hecho, la media estatal de quienes han pedido una prestación y la están recibiendo es del 70 %, mientras que en Canarias es del 40 %.
Los datos son preocupantes. En España, si se suman los beneficiarios en lista de espera más los pendientes de valoración hay más de 400 000 personas.
Se trata de eficacia en la gestión. El informe señala que la región con la población más envejecida, Castilla y León, es también la que tiene un mayor porcentaje de beneficiarios de la ley. Sin embargo, en Asturias y Galicia, también entre las más envejecidas, están muy lejos de sus datos.
Desde 2015 ha aumentado el número de beneficiarios, pero lo ha hecho de manera muy desigual. Así Navarra, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han hecho notables esfuerzos por aumentar el número, mientras que Murcia y Extremadura presentan las peores cifras.
En cuanto a las prestaciones, la ayuda a domicilio es la más extendida, de la que se benefician 202 407 personas; después está la teleasistencia, que reciben 188 518 personas, y por último, los servicios residenciales, que atienden a 158 457 personas.
Las prestaciones económicas representan aproximadamente un tercio de la cobertura, aunque de nuevo con grandes diferencias por regiones. En cuanto a las residencias, la media es del 22,8 % de las prestaciones, aunque en Extremadura representa más de la mitad y en Ceuta y Melilla el porcentaje se queda en el 6 %.
Para Comisiones Obreras, la debilidad del sistema tiene que ver con la escasez de financiación y en la poca intención de destinar más presupuesto por parte del Estado. El coste total del sistema de dependencia es, según CC. OO. (que se basa en el último informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia) de 8852 millones de euros para el ejercicio de 2018, con un coste medio por beneficiario de 9226,35 euros por persona y año. Según el sindicato, sería necesario un plan de choque de 2500 millones de euros para abordar el problema y, a la vez, crear entre 100 000 y 160 000 nuevos puestos de trabajo.
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