20/09/2007

LA LEY DE PROTECCIÓN DE INCAPACES NO ES EFECTIVA

INFORESIDENCIAS.COM SE HACE ECO DE LA INEFICACIA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE INCAPACES

· Aunque la Ley prevé que todos los que no pueden decidir por sí mismos deberían ser incapacitados judicialmente, esto sólo sucede en una minoría de casos.

· Para corregir la situación, teniendo en cuenta a los mayores que viven en residencias, deberían ser incapacitadas 105.000 personas

270.000 personas mayores viven en las más de 4.500 residencias existentes en España, de ellas, un 41% sufren la enfermedad de Alzheimer u otras demencias que les impiden tomar decisiones. El número total de personas que sufren Alzheimer en España es de 800.000.

El Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén que todo aquél que sufre afecciones permanentes físicas o psíquicas que le impidan gobernarse por sí mismo debe ser incapacitado judicialmente pasando a ser representado por un tutor o asistido por un curador.

La incapacitación la puede iniciar la misma persona, sus familiares directos o el Fiscal (que tiene la obligación de hacerlo cuando tiene conocimiento de la existencia de un posible incapaz). Además, todos los funcionarios públicos (incluidos médicos y enfermeras de la sanidad pública, asistentes sociales municipales o policías) están obligados por ley a comunicar al Ministerio Fiscal la existencia de un posible incapaz.

Si la Ley se aplicase literalmente, todas las personas mayores que sufren Alzheimer en grado avanzado estarían incapacitadas, pero, según los datos de una encuesta de Inforesidencias.com, portal líder desde 2.000 de la atención a personas mayores, la ley no se aplica sistemáticamente a las personas que viven en residencias.

Los resultados de la encuesta realizada entre 60 de las 638 residencias que ofrecen sus plazas en internet a través de Inforesidencias.com indican que un 41% de las personas que viven hoy en residencias sufren demencias en grado avanzado aunque sólo un 2% tienen una sentencia judicial de incapacidad.

Según los directores consultados por Inforesidencias.com, las incapacitaciones sólo se producen cuando la persona tiene patrimonio que es necesario administrar, existen problemas entre familiares o existe una situación de riesgo.

Para que la situación se ajustase a la Ley haría falta que casi 106.000 residentes fuesen incapacitados judicialmente de forma inmediata. Algo que, sin duda bloquearía la Justicia.

“Esta situación no supone una verdadera desprotección de los mayores que viven en residencias ya que su bienestar está garantizado por la atención de equipos profesionales, prestadores responsables y la existencia de un sistema de reglamentación e inspecciones públicas. Lo que sí pone de manifiesto es que la Ley no es adecuada para la realidad social actual”, dice Josep de Martí, director de Inforesidencias.com. “Si sabemos que la Fiscalía y los Jueces actúan cuando verdaderamente existe una necesidad de protección ¿por qué tener una ley que dice algo que todos sabemos que no se está cumpliendo?”. Añade de Martí.

Otros datos de la encuesta de Inforesidencias.com indican que cada vez las personas que ingresan en residencias son más dependientes y tienen mayor índice de demencia. Así, en el 83% de los ingresos, la persona que busca la residencia, acuerda las condiciones y decide el ingreso es un familiar de la persona a ingresar. Sólo en un 5% de los casos es la propia persona mayor la que busca, acuerda y decide el ingreso.