Continúa el debate sobre el modelo de atención a los dependientes 

En el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia la opinión de los prestadores de servicios tiene una importancia altísima.  Por eso resulta relevante la opinión publicada por la directora general de la Unió Catalana de Hospitales, Roser Fernández.  La Unió es una asociación empresarial de entidades que tienen la función de prestar servicios sanitarios y sociales. Las propiedades de las entidades asociadas, con independencia de su figura jurídica, ponen a disposición de esta finalidad sus recursos patrimoniales, humanos y tecnológicos, para garantizar una asistencia de calidad. Es la organización empresarial sanitaria y social mayoritaria y más antigua de Catalunya. Actualmente la forman casi 100 instituciones que defienden un modelo sanitario y social participado por la sociedad civil y sobre la base de la autonomía de gestión, el comportamiento empresarial y una estricta conducta ética.

Esta es la opinión de su presidenta:

El debate sobre la atención social a las personas dependientes sigue abierto, en especial en aquellos puntos referidos al modo en el que deben satisfacerse las necesidades y demandas de quienes padecen esta situación. Las leyes promulgadas, tanto en el ámbito estatal como autonómico, han dado cumplimiento teórico a unas expectativas que más pronto que tarde tendrán que ser satisfechas también en el plano de la realidad. Ahora bien, estamos lejos de un modelo claramente definido, con reglas del juego claras para todos los actores implicados en el sector en lo que atañe a la prestación de servicios.

La Unió Catalana d’Hospitals quiere ayudar a definir este modelo, al menos en Catalunya, su ámbito geográfico de actuación y representación. Con este objetivo presentó hace unas semanas un decálogo en relación con el modelo de atención social para las personas dependientes. En el documento, planteábamos la necesidad de apostar por un modelo sostenible que se apoyara en un incremento de la colaboración público-privada, en el que tuviera cabida la libre competencia junto a una mejora de la productividad y de las condiciones laborales del sector. Añadíamos también la necesidad de introducir un trato fiscal favorable al seguro privado, entre otras medidas. 

Huelga decir que a fecha de hoy los avances son muy limitados. No negamos que la prisa es mala consejera a la hora de definir modelos, pero eternizarse en la provisionalidad no es de ninguna manera el mejor de los escenarios. No saber hacia dónde camina el modelo de provisión de servicios perjudica las inversiones y la captación de recursos básicos para la puesta en funcionamiento de infraestructuras que son necesarias para dar cumplimento a los derechos que los ciudadanos ya tienen garantizados desde que se promulgaron las leyes.

Pero a la lentitud se añade un nuevo, y quizás mayor, foco de preocupación. Algunas intenciones que se adivinan detrás de las decisiones ya tomadas por el regulador público no invitan precisamente al optimismo. No cuestionaremos nunca a la Administración su papel como garante del servicio, incluyendo su financiación, planificación, acreditación y evaluación de entidades y servicios. Pero todo indica que se quiere ir un paso más lejos en la prestación de servicios. 

La creación de consorcios y empresas de titularidad pública es una herramienta con la que la Administración puede disimular la creación de monopolios de facto en la prestación de servicios. Monopolio que siempre irá en detrimento de la capacidad del ciudadano para escoger libremente. Además, al limitar la competencia efectiva, es irremediable que acabe perjudicando la calidad de los servicios y el coste de los mismos. Paradójicamente, la experiencia dice que estas herramientas en manos de la Administración tienden a desdibujar la transparencia que ha de presidir el funcionamiento y las decisiones de todos los poderes públicos.

Todo ello nos lleva a pensar que la Administración cae repetidamente una y otra vez en la mala praxis de hacerse la pregunta equivocada cuando se refiere a los servicios públicos. Persiste reiterada y obsesivamente en poner el acento en la titularidad del prestador de servicios cuando la cuestión realmente pertinente ha de referirse a la calidad y optimización de unos recursos que siempre son limitados. La pregunta, si queremos beneficiar al ciudadano, no es “¿quién da el servicio?” sino “¿cómo lo presta y cuánto nos cuesta?”, todo ello avalado con indicadores públicos de medida.

 La colaboración público-privada proporciona buenos resultados, tal y como se ha visto en el sector sanitario o en el escolar. Pero para que sea viable no sirven únicamente las palabras, discursos y declaraciones. Es imprescindible una política de hechos. Y los hechos, si el rumbo no varia, marcan una tendencia que como mínimo resulta ambigua y que perjudica al ciudadano y al país. 

Al ciudadano porque retrasa la entrada en funcionamiento de infraestructuras y servicios y, además, limita su capacidad de elección y decisión. Al país porque lo aleja de las más modernas tendencias de gestión de servicios públicos y también porque un modelo sin colaboración privada (profit o no) supone una clara desventaja en lo que atañe a la flexibilidad, escalabilidad y adaptabilidad de los recursos que se necesitan en cada momento.

Nada es por ahora irreversible. Hay tiempo, cada día menos, para avanzar hacia un modelo razonable y moderno que sitúe la libertad y capacidad de elección del ciudadano en el vértice de un modelo de garantía pública que tiene que asegurar el bienestar de millones de personas. Pero cuantos menos errores se hagan ahora, en los inicios, menos perjuicios deberemos subsanar en el futuro. 

Roser Fernández

Directora general de La Unió Catalana d’Hospitals