LARES PUBLICA SU CUARTO MAPA EXPLICANDO CÓMO PAGAN LAS ADMINISTRACIONES

Lares Federación - que agrupa a  970 centros y servicios de atención a los mayores de gestión solidaria en toda España - publica su IV Mapa Lares, un documento que analiza la situación de estos centros por Comunidades Autónomas.

Es la aportación Lares para la celebración del 1º de octubre,  Día Internacional de las Personas Mayores por la ONU.

La información ha sido recopilada en cada Comunidad Autónoma por las Asociaciones Lares, que tienen un profundo conocimiento de la evolución de los servicios de gestión solidaria que se prestan a los mayores en su territorio.

Estas son algunas de las conclusiones que se plasman en el IV Mapa Lares y que se desarrollan en el documento:

• La deuda: sigue en algunas CCAA

Parece que cede ligeramente la presión que los centros de mayores de gestión solidaria han estado soportando desde que la crisis económica arreciara en el 2012. Las deudas astronómicas que soportaban por atender a los mayores dependientes en plazas concertadas se han disuelto y los pagos de las diferentes Administraciones han tendido a regularizarse.

No ha sucedido así en Andalucía donde la Junta acumula una deuda de 52 millones de euros con el sector de la Dependencia, aunque la Administración ha hecho pública su voluntad de liquidarla a principios del otoño. En Canarias están pendientes de cobrar la factura de 4 meses, que hace que planee sobre los centros el cierre de camas y la reducción de puestos de trabajo. 

Los centros de Lares Comunidad Valenciana están también a la espera de cobrar casi 4 millones de deuda, pendiente desde el mes de julio. En Baleares están a la espera de cobrar las plazas concertadas de este ejercicio y la factura asciende a 180.000 euros.

• Valoraciones: tarde y a la baja

Las Administraciones han encontrado en las valoraciones de Dependencia una vía para aligerar las facturas sociales. Está prácticamente generalizada la dinámica de asignar a los dependientes índices de dependencia inferiores a los que realmente padecen, recayendo así sobre los centros el sobrecoste que implica atender las necesidades reales de estas personas.

Además, en 8 Comunidades Autónomas se sobrepasa el plazo de 6 meses para emitir estas valoraciones que dan acceso a los usuarios a los servicios que requiere su situación ( plaza en residencia o centro de día o ayuda económica vinculada a un servicio, por poner los ejemplos más comunes). En Andalucía se retoma ahora la actividad de valoración después de haber estado parada durante los últimos dos años.

• Ocupación de plazas: desigual

Las plazas concertadas que no se cubren suponen para los centros un foco importante de pérdida de recursos económicos. La concertación fue sinónimo de ocupación y una fórmula de equilibrio cuando la demanda privada está contraída por la crisis.

Con antelación a los recortes generalizados, era práctica habitual que las Administraciones abonaran un porcentaje del coste de la plaza en concepto de "reserva”, mientras gestionaban su ocupación. En Andalucía y Valencia este concepto se suprimió y constituye ahora un punto más de incertidumbre financiera.

En Aragón la desocupación de estas plazas asciende al 85%, si bien existe la posibilidad de ocuparlas con demanda privada.

• El precio de la plaza: congelación

El precio que las Administraciones autonómicas pagan por plaza concertada es dispar. Los importes más bajos (precio medio diario por un dependiente de grado II en residencia) se registran Extremadura (40 euros), Cantabria (40,64 euros) o Asturias (42,3 euros). En la franja media se sitúan Andalucía, Valencia y Murcia con unos 50 euros día. Los importes más altos los reciben los centros de Navarra (60 euros /día) y Euskadi con 88 € día en Guipuzkoa.

Los precios de las plazas concertadas están congelados desde el 2012 en varias comunidades autónomas.

Así sucede en Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla La Mancha.

Desde el año 2009 no han variado los precios en Castilla y León, Valencia y Murcia.

Han aumentado el índice equivalente al IPC en Cantabria, Asturias y Galicia.

En Madrid y Canarias los precios bajaron sustancialmente en el ejercicio 2013. En concreto el 14% y el 10% respectivamente.

En Euskadi y La Rioja ha habido un ligero aumento del precio por plaza concertada.

Son muchas las Asociaciones de Lares las que advierten de que estos precios están por debajo del coste real del servicio. Este factor, junto con las valoraciones a la baja de los niveles de dependencia ponen a los centros de gestión solidaria en la tesitura de tener que asumir, de forma unilateral, una función solidaria y de beneficencia que corresponde inequívocamente a las Administraciones.

• Copago: generalizado

La fórmula del copago se ha extendido a prácticamente todo el territorio. Este sistema supone una fórmula mixta de financiación de los servicios sociales de forma que el usuario paga, en virtud de sus ingresos, una parte de la atención que recibe.

• Iguales ante la Ley

El principio constitucional de que "todos los ciudadanos son iguales ante la Ley” es difícil de sostener en el caso de la Ley de la Dependencia, ya que hay significativas diferencias entre la oferta de servicios, las ayudas y el acceso a la atención en los diferentes territorios. Y la tarea de unificar el acceso a estos derechos es una labor titánica, tanto desde el punto de vista político como de la gestión.

• Tendencias

Con carácter general, los centros de mayores parecen estar llamados a convertirse en puntos de atención sociosanitaria y en referentes ciudadanos de prevención de la dependencia. Esta es una tendencia que se refleja ya en Castilla La Mancha - donde se está pidiendo a los centros la elaboración de carteras de servicios múltiple y que podría tener un espacio muy significativo en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, actualmente en elaboración. Se trata de atender tanto a residentes como a los ciudadanos, rentabilizando instalaciones y equipos profesionales con voluntad prevenir mejor que de curar.

• Claves de la Ley de la Dependencia tras 8 años de aplicación

Según las Asociaciones Lares, la Ley fue un hito porque convirtió la atención a la dependencia en un derecho y los servicios sociales en un pilar de equilibrio social, en un factor de arraigo social y cultural además de impulsar una actividad económica que facilitaría la creación de empleo.

Para un porcentaje significativo de las Asociaciones Lares dos son las principales consecuencias positivas que ha aportado la Ley: lo que supuso para la adecuación de los centros y para la profesionalización de los cuidadores.

Otra consecuencia importante que se repite es la incorporación del concepto Calidad como patrón de la actividad: la calidad en la atención, en la gestión y en el desarrollo de los servicios sociales.

El aspecto negativo es la llegada de la crisis económica en un momento en el que a la Ley le faltaba consolidación y una dotación presupuestaria estable, acorde con la magnitud de este "pilar del bienestar” llamado dependencia.

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