24/05/2016

Las residencias geriátricas ilegales son un negocio en Argentina

Aunque parezca que está lejos, las noticias de irregularidades y abusos de los derechos de las personas mayores forman, por desgracia, parte de la vida cotidiana de muchos países. Por eso nos parece interesante trasladar esta noticia para estar alerta y concienciar.

San Juan es una ciudad media, capital de la provincia homónima de la región argentina de Cuyo. En ella el 25 % de las personas que viven en residencias para mayores lo hace en lugares fuera de la ley, pues de 34 residencias, 8 son ilegales.

Aunque están clausuradas, las residencias ilegales siguen en funcionamiento, pues los familiares alegan que son la única opción que tienen para dejar a sus mayores, pues son más baratas que las residencias legales. Según cálculos de Regulación y Control de Gestión del Ministerio de Salud unas 100 personas viven en estos centros.

Residencia geriátricas ancianosSegún la norma, los 8 geriátricos fueron clausurados por fallos estructurales como ausencia de barandillas, planos, falta de servicios adaptados, suelo deslizante…, esto no obliga al desalojo, pero impide nuevos ingresos, a no ser que los problemas pongan en riesgo la salud.

Esto es un problema grave, pues aunque en 5 de los 8 casos el juez recomienda el desalojo, este será obligatorio solo si hay maltrato o abandono de los ancianos residentes, es decir, hay que llegar al extremos graves de sufrimiento de las personas, y probarlos, para que se tomen medidas.

La clausura conlleva el realojo de las personas, y muchas están solas sin familiares que las puedan acoger ante la eventualidad. Es el caso de la residencias El Buen Vivir, clausurado preventivamente desde el 2015 y donde residen 11 personas mayores de las cuales la mayoría no tiene familia en San Juan ni quien los cuide.

También se da el caso de geriátricos clausurados desde el 2013 que siguen funcionando gracias a artimañas para evitar el cierre definitivo: algunos van cumpliendo progresivamente con los trámites de habilitación y con esto consiguen alargar los plazos para ponerse en regla, y otros se las ingenian para evadir la ley, por ejemplo, trasladándose sin notificar el cambio de domicilio para que se les pierda el rastro. Otro método para eludir los controles es decir que no es una residencia de ancianos, sino un grupo de amigos que comparte casa. Lo que sorprende es que estos métodos cuentan con la aquiescencia de los familiares.

Se trata, como siempre, de dinero. Para una asistencia digna se calcula que la persona debería pagar unos 15 000 pesos mensuales, mientras que en los geriátricos ilegales no cobran más de 8 000. Así, los familiares prefieren la última opción a una residencia legal, que suele superar los 13 000 pesos.

Los métodos para abaratar la atención no son nuevos: contratar menos personal del exigido por ley, o el pago de la cuota en especie.

PAMI y Obra Social Provincia (OSP) son las dos empresas del sector con mayor cantidad de clientes en la provincia y brindan una cobertura del 100 % de la estancia en algunos de los geriátricos, pero no todos pueden acceder a este beneficio.

En PAMI el usuario debe acreditar que no tiene quién lo cuide y ni propiedades. Esta obra social tiene convenio con 4 instituciones. En caso de que estos lugares ya estén completos, el solicitante queda en lista de espera.
La OSP tiene convenio con 5 residencias con entre 30 y 40 camas. Para acceder a una de ellas, la persona mayor tiene que acreditar la necesidad de ingresar cumpliendo varios requisitos: situación económica e historial sanitario. Actualmente hay 60 personas procedentes de la OSP en geriátricos.