Las personas mayores son un colectivo que sufre de manera acusada las
grandes desigualdades que se han acentuado en los últimos años. De hecho, más
de un millón de personas mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la
pobreza, es decir, con menos de 8208 euros netos anuales por cabeza y con menos
de 17 237 para familias de dos adultos con dos menores de edad. Es decir una
media de 684 euros mensuales. Hay que decir que muchas personas mayores
sobreviven con pensiones de 360 y 400 euros que son las ayudas no contributivas
de vejez y de invalidez. Son datos muy preocupantes.
Teniendo en cuenta la inflación acumulada con una subida de las pensiones por debajo del IPC y factores como el copago farmacéutico o que durante los periodos más duros (y también ahora) muchas personas jubiladas eran las que mantenían a la familia, o aportaban parte de su pensión, el dato objetivo es que las personas mayores en su conjunto soy hoy más pobres que hace seis años. Es una pérdida de poder adquisitivo notable que hace que muchos mayores deban recurrir a ayudas sociales. Además, hay una brecha de género muy acusada, pues muchas más las mujeres que hombres las que reciben pensiones no contributivas.
Las soluciones deben ser de gran calado. Se reclama que las pensiones se ajusten a la realidad y que se revaloricen según la inflación. También se reclaman que los servicios para las personas mayores dependientes sean los adecuados, suficientes y que no supongan un agravio económico a las personas y a sus familias.
Las personas mayores que viven en residencias para la tercera edad tampoco están excluidas de esta estadística. Se pueden tener las necesidades básicas cubiertas, pero estar obligado a limitarse a ellas por no poder permitirse más.
Es obligación de los gobernantes, y de todos, revertir estos datos que deberían colocar a las personas mayores y sus necesidades como una de las prioridades en la gestión.