NAVARRA: UNA COSA ES SUBVENCIONAR Y OTRA CONCERTAR

Es una noticia curiosa que aparece en el Diario de Navarra de 14 de Marzo. ¿Esta obligada una comunidad autónoma que subvenciona la creación o ampliación de una residencia a garantizar su viabilidad concertando después las plazas? Proponemos a cada cual que lea la noticia y saque sus conclusiones.

El consejero de Bienestar Social, José Ignacio Palacios, negó que la ayuda del Gobierno para construir residencias geriátricas comprometa a la posterior concertación de plazas, por lo que responsabilizó a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Lumbier de que la nueva ala del centro de San Isidro siga cerrado cuatro años después por su previsible déficit.

En una comparecencia solicitada tanto por él mismo como por el PSN, Palacios negó varios argumentos expresados en su día por parlamentarios socialistas para criticar la actuación de su departamento en la residencia de Lumbier, donde el Ejecutivo subvencionó con casi 400 millones de pesetas las construcción de un nuevo pabellón para 30 plazas asistidas, que no han sido ocupadas en cuatro años dado el déficit que supondría el funcionamiento del servicio sin que el Ejecutivo foral concierte estas plazas.

El consejero advirtió hoy de que «el Gobierno no está obligado a garantizar un concierto a todas las residencias de la Comunidad foral que se lo demanden y sí a que en todas las zonas de Navarra se garantice la atención según la demanda», un aspecto que aseguró ya se cumple en la zona de Lumbier donde se ubica la residencia San Isidro, con 88 plazas en funcionamiento y cuya titularidad es de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Lumbier.

«El Instituto Navarro de Bienestar Social no firma conciertos para hacer viable una residencia sino para cubrir las necesidades de la zona», insistió Palacios, quien sin embargo, consciente de la infrautilización de las nuevas instalaciones de San Isidro, aseguró que desde su llegada a la consejería se ha ofrecido a la Mancomunidad transformar esas nuevas 30 plazas asistidas en plazas psicogeriátricas, en las que sí hay más demanda.

Aún así, de aplicarse el baremo que se ofrece en otros conciertos, la Mancomunidad tendría pérdidas de entre 100.000 y 400.000 euros anuales, lo que hasta ahora ha impedido un acuerdo, un aspecto en el que Palacios incidió que «el déficit no es achacable al Gobierno sino a las condiciones en las que funciona esa residencia», con un convenio colectivo con mayor salario y menor jornada laboral que otros centros similares, dijo.

«Ahí está el escollo y nadie puede aspirar a que el INBS sufrague un déficit que no ha generado», dijo un Palacios que en todo momento negó que «el Gobierno esté intentando privatizar esa residencia, sino que está intentando concertar, ya que en todo caso la que estaría intentando privatizar sería la Mancomunidad» titular.

Asimismo, Palacios argumentó el privilegiado servicio que se ofrece en Navarra ya que las listas de espera para entrar en residencias (213 personas a 31 de diciembre de 2005) la suelen integrar ancianos que desean acercarse a centros de sus lugares de origen mientras ya están ya están atendidos, al tiempo que consideró «falso que el servicio a un anciano en una residencia pública sea peor que en una privada».

Aseguró que «los servicios son idénticos y se piden similares requisitos», por lo que rechazó los comentarios socialistas al respecto como una «denuncia gratuita y falsa que sólo ha generado alarma social y angustia a estas personas», así como «dudas en un tema tan delicado que afecta a uno de los sectores más indefensos de la sociedad».

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