Los hechos se remontan en la década pasada cuando se acordó con la inicitiva privada la construcción de residencias con 9000 plazas para dependientes, a cambio la Conselleria de Bienestar Social se comprometía a concertar el 33%, posteriormente aumentó este cupo. El tema es que el Consell no ha llegado a financiar todas las plazas que se había comprometido y por este motivo las empresas privadas responsables de estos centros los ha demandado exigiendo que paguen los retrasos producidos.
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