10/11/2005

PLAZAS PÚBLICAS VACIAS EN VALENCIA POR FALTA DE FONDOS

PLAZAS LIBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS VALENCIANAS POR FALTA DE FONDOS

Así ha aparecido la noticia en el periódico Levante de 7 de noviembre. Ya habíamos tratado el tema en boletines anteriores pero, a pesar de las promesas de pronta inyección de fondos, las empresas gestoras no están nada contentas con una situación que se está mostrando muy diferente a la que se prometió. Es cierto que el "Plan 9.000", después denominado "Plan Blasco" lo impulsó alguien que ya no ocupa la consejería. Aún así, los compromisos deben respetarse sin que ello sea obstáculo.

Veamos cómo lo describe Levante:

Los problemas presupuestarios de la Conselleria de Bienestar Social están afectando el normal funcionamiento de las residencias privadas de tercera edad creadas al calor del denominado plan Blasco, el proyecto para la construcción de 73 residencias entre 2003 y 2005 que, al final, no ha alcanzado los 50 centros. La iniciativa implicaba que la Generalitat se reservaba un tercio de las nuevas plazas (9.000 era la previsión) para usuarios a los que financiaría su estancia, pero desde julio no adjudica las plazas de estas características que van quedando vacías. La razón: falta de fondos. La conselleria asegura que recientemente ha aprobado una inyección presupuestaria con este fin y que se empezarán a conceder en breve. Recuerda asimismo que ha sido durante el gobierno del PP cuando se han costeado más de 5.000 plazas privadas. La mayoría, mediante el bono-residencia.

Mientras tanto, la preocupación ha empezado a cundir entre los empresarios, que ven cómo la ocupación de sus geriátricos decrece conforme pasan los meses. La situación se une a la escasa demanda de plazas puramente privadas, sin financiación pública. La presidenta de la principal asociación empresarial de residencias (Aerte), Ana García, recuerda que el pliego de condiciones del concurso de los geriátricos de accesibilidad social (es el nombre oficial de este modelo) establecía que la Administración se comprometía a ocupar un tercio de las plazas siempre que hubiera demanda. En concreto, el documento especifica que el objeto del contrato es «la puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de hasta un tercio de las plazas, para personas mayores dependientes, en función de las necesidades de plazas de tales características que tuviera la Administración». Se da la circunstancia de que Bienestar sí que cobra a las firmas adjudicatarias una garantía cuyo importe se calcula sobre el total de plazas de accesibilidad social de que dispone el centro. Mientras, destacan voces del sector, el departamento que dirige Alicia de Miguel casi nunca cubre ese cupo -y paga por cama ocupada- y la situación se ha hecho ahora aún peor ya que desde junio no repone las plazas que quedan vacías por fallecimiento de los usuarios. Y a los empresarios, afirma la presidenta, les consta que a lo largo del año se ha generado una demanda importante.

Según García, al margen del episodio actual, la ocupación normal de este cupo a disposición de la Generalitat se mueve siempre entre el 70 y el 80%. Achaca este fenómeno al problema de que el presupuesto de la accesibilidad social y el bono-residencia vayan unidos. De esta forma, los contratos con las residencias se gestionan con el mismo sistema que las subvenciones a los usuarios. La muestra del malestar existente entre los empresarios que entraron en el plan Blasco -entre ellos están las principales constructoras valencianas- es que han solicitado entrevista al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para plantearle sus reivindicaciones. La accesibilidad social -así lo dispuso el ex conseller Rafael Blasco, autor del proyecto- tiene prioridad sobre el bono-residencia a la hora de conceder nuevas ayudas. Esto significa que si con las plazas del modelo 9.000 hay problemas, también las hay con las de bono-residencia. En concreto, la presidenta de la patronal asegura que este ejercicio no se han otorgado bonos nuevos y queda todavía un centenar de subvenciones concedidas en 2004 por ratificar para este año. La traducción de ello es que el coste de esas plazas durante este tiempo lo ha de asumir la familia del anciano o el geriátrico.