PREOCUPACIÓN POR EL SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Según una asociación vasca, los baremos previstos por el Gobierno son demasiado restrictivos y podrían provocar que las personas con discapacidad intelectual podrían quedar fuera del Sistema de Atención a la Dependencia.

Esta es su opinión:

Desde FEVAS, federación que reúne a las asociaciones de familias a favor de las personas con discapacidad intelectual en Euskadi, queremos sumarnos a las otras Federaciones del Estado y a la propia confederación FEAPS en la enorme decepción que significaría que el baremo de entrada en el Sistema de la Dependencia dejara fuera a gran parte de las personas con discapacidad intelectual.

Los partidos que apoyan esta ley han de saber que no podrán contar con nuestro aplauso ante una iniciativa que, cuando nos la anunciaron, nos pareció muy positiva. Así tendremos que decirlo cuando nos pregunten.

De las 280.000 personas con discapacidad intelectual que se estima existen en el Estado, únicamente se beneficiarían de la cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia entre 30.000 y 50.000.

Ese es el cálculo que el "Observatorio del Entorno" de FEAPS ha realizado tras haber tenido acceso informal al baremo que previsiblemente utilizará el Gobierno para determinar qué personas serán dependientes y en qué grado.

Este baremo -que ha sido desarrollado por el Instituto del Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona (FICE)-, constituye uno de los primeros y principales desarrollos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que prepara el Gobierno y que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario.

Sin embargo, entendemos que la Ley no contempla a todas las personas con discapacidad intelectual como dependientes, sino sólo a un 10% y consideramos que la discapacidad intelectual genera en todos los casos dependencia, y en todos los casos, necesidades de apoyo para una mayor autonomía personal.

Además, los baremos de entrada en el Sistema de Atención a la Dependencia atienden fundamentalmente a limitaciones físicas y de movilidad, pero no a otras variables que hacen que las personas con discapacidad intelectual precisen de apoyos para poder desarrollar sus vidas de manera autónoma.

Por todo ello, nos hemos dirigido a todos los grupos parlamentarios y a los diputados, solicitándoles que tengan en cuenta estas circunstancias en la fase de debate de enmiendas a la Ley que comienza ahora en el Congreso de los Diputados, con el fin de que las personas con discapacidad intelectual, en tanto que dependientes, sean adecuadamente contempladas en el texto legal.