La reciente sentencia
funcionamiento de los centros
de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León.
El motivo de la anulación es formal. La Junta no elaboró un estudio económico obligatorio cuando se redacta un Decreto que previese los efectos sobre los presupuestos públicos de las nuevas exigencias.
Así las cosas, ahora mismo el Decreto que incorpora las unidades de convivencia, las residencias multiservicios y el profesional de referencia ha quedado anulada.
La sentencia también critica el hecho de que, sin motivación, el nuevo Decreto haya rebajado las exigencias relativas a profesionales y haya dejado de establecer los ratios de personal encargando a la consejería que lo haga.
Falta pos saber cuál será la reacción de la Junta y cómo se tramitarán los expedientes que se hayan abierto en virtud del Decreto.
Ver comentario de la sentencia y opinión de Josep de Martí
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