Imaginemos un municipio en el que coexisten una residencia de titularidad municipal con otras privadas. Cuando la comunidad autónoma concierta plazas, ¿Debería priorizar la residencia pública municipal? Y ¿Si no lo hace y acaba concertando más plazas con las residencias privadas que con la municipal? ¿Está "privatizando" los servicios sociales?. Este es un debate que se irá planteando cada vez con más fuerza a medida que menguan los presupuestos y aumentan las necesidades.
Durante años muchos ayuntamientos han construido y gestionado residencias de titularidad municipal. En muchas ocasiones, si generaban un déficit, éste se cubría con dinero del propio consistorio. Ahora, cada vez es más difícil hacerlo por lo que muchos municipios piden que sean las comunidades autónomas las que concierten las plazas o sencillamente, se hagan cargo de la residencia. En el caso del Pais Vasco, son las Diputaciones las que conciertan por lo que la polémica se plantea a otro nivel.
En un momento en que equidad, eficiencia y crisis se fusionan continuamente el debate es más necesario que nunca.
Resulta muy recomendable leer la noticia aparecida en Europa Press. Leyendo entre líneas parece que la Diputación Foral concierta "a demanda", o sea, que el Ayuntamiento pide 39 pero la Diputación sólo le da 1 mientras que a las residencias privadas les concierta el 100%. ¿Podría ser parte del debate una propuesta según la cual que todas las plazas que concertasen las administraciones tuviesen que sacarse a concurso? A ese concurso podrían presentarse todos los proveedores y la administración podría seleccionar aquéllos que, con criterios objetivos pudiesen ofrecer las mejores condiciones al mejor precio.
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