EL PAIS VASCO CREA UNA “ALTA INSPECCIÓN” DE SERVICIOS SOCIALES

El sistema administrativo del País Vasco es complejo y peculiar ya que, aunque la capacidad de dictar reglamentos es del gobierno vasco, muchas de las competencias de ejecución son de titularidad de los territorios (diputaciones) de forma que, aunque aparentemente pueda parecer que existe un sistema vasco de servicios sociales realmente existen tres.  Cada territorio tiene una política propia y una forma propia de ejecutar los reglamentos del gobierno vasco. Así, existen tres inspecciones de servicios sociales que funcionan de forma diferente y que, hasta ahora, trabajaban totalmente por separado.

Un caso curioso sucedió en 1990 cuando el gobierno vasco aprobó el Decreto 218/1990 que decía entre otras cosas que  El Director de la Residencia deberá tener una titulación universitaria mínima de grado medio y en el que se daba un plazo de cinco años para cumplir. El Decreto 41/2008 derogó el de 1990 y ya no dijo nada sobre la titulación universitaria de los directores dejándolo en algo más tenue: De acuerdo con el principio de profesionalización, todo el personal contará con la debida titulación académica oficial, o en su defecto, en aquellos casos en que la misma no sea obligatoria, deberá acreditar su nivel profesional y la experiencia necesaria. Muchos se preguntaron entonces a qué se había debido el cambio de criterio y, aunque la verdad es esquiva, se escuchó insistentemente que el motivo del cambio fue que las Diputaciones no estaban conformes con los requisitos que había establecido unilateralmente el gobierno vasco y como eran ellas las que las tenían que inspeccionar y comprobar el cumplimiento consiguieron que se cambiasen.  Fuera ésta o no la razón, lo cierto era que el Gobierno vasco podía establecer los requisitos que considerase oportunos pero si las Diputaciones no ejercían las competencias de inspección y sanción, podían perfectamente quedarse en papel mojado.

Veinte años después de aquéllos sucesos, y quizás sin relación directa con ellos, el País Vasco ha puesto en marcha una Alta Inspección de servicios sociales directamente dependiente del Gobierno.

El nacimiento de este nuevo órgano de la administración ha sido laborioso ya que las Diputaciones lo han visto como una invasión y, cuando ha sido presentado casi se ha ocupado más tiempo definiendo lo que no es (una invasión de competencias, un vaciado..) que lo que será.

Como muestra una frase de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta: La Alta Inspección no es controladora ni sancionadora, es competente para analizar y evaluar el grado de cumplimiento de la ley (parece una adivinanza pero eso es lo que ha dicho la consejera según el Diario Vasco).

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