El sector geroasistencial en la Comunidad Valencia vive una situación de convulsión sostenida desde que se puso en funcionamiento ahora hace quince años el Plan de Accesibilidad que se ha ido conociendo durante los años como "Plan 9.000" (por las camas en residencias que pretendían crearse); "Plan Blasco" (por el conseller que puso en marcha el proyecto) o "Plan Cotino" (por la acusación que existe contra un grupo de residencias según la cual se vio beneficiada por la relación familiar entre uno de sus propietarios y un alto cargo de la Generalitat).
En principio el Plan de Accesibilidad quería que empresas privadas construyesen residencias por toda la Comunidad (para lo que se hizo una sectorización) a cambio de que la administración les concertase un número de plazas a un precio tasado. El acuerdo preveía una preferencia por esas residencias si en el futuro la Generalitat concertaba plazas.
El plan no salió exactamente como estaba previsto, para empezar no se construyeron todas las residencias.
Durante los primeros años, las residencias del Plan fueron recibiendo a sus residentes con financiación pública y las que no estaban en el plan podían beneficiarse de un "cheque servicio" (bono) que en muchos casos también les permitía acceder al usuario público.
Cuando, a partir de la entrada de la Ley de Dependencia el modelo de atención a personas mayores giró hacia la concertación y el "cheque servicio" se fue dejando de usar, la Generalitat fue incrementando el número de plazas concertadas hasta los 2/3 de las plazas totales. Esta actitud ha soliviantado a todas las residencias que no están en el Plan, mientras que las que sí lo están han dicho que forma parte del pacto que firmaron en su momento y que si no se cumple, reclamarán ante los tribunales.
La actitud de la Generalitat ha sido algo oscilante. Durante un tiempo habló de incrementar las Prestaciones Económicas Vinculadas, pero la cuestión ha seguido deteriorándose.
A todo esto, el surgimiento de un caso en que se acusa de corrupción a un alto cargo de la Generalitat en relación con el "llenado de ciertas residencias", ha acabado de dar un aspecto esperpéntico al asunto.
Lo último que ha sucedido es que tras las elecciones habrá un cambio de gobierno y los nuevos responsables tendrán que enfrentarse con un serio dilema. Extender a todas las residencias la financiación pública y enfrentarse a la demanda judicial de las residencias de mayores del Plan de accesibilidad o seguir con la línea de actuación de los anteriores gobernantes y enfrentarse a las acciones que planteen el resto de residencias.
De momento AERTE ha escrito una carta a la Generalitat saliente advirtiéndole de que en los últimos días las residencias del modelo Cotino «siguen recibiendo personas mayores por parte de la Administración y llenando sus plazas, mientras que el resto de firmas del sector de la tercera edad disponen de más de 4.000 plazas vacías que no se cubren». Noticia del Mundo
Esperemos que los nuevos gobernantes encuentren la inspiración que sirva para encontrar una solución buena para las residencias de mayores de Valencia, Alicante y Castellón.